Ex ministra Jeanette Vega deberá declarar como imputada por llamada a Héctor Llaitul
La diligencia contra la ex ministra de Desarrollo Social surgió a partir de una querella presentada por el abogado Marcelo Brunet, por eventuales delitos de obstrucción a la investigación.
Por Redacción EL DÍNAMO
Jeanette Vega fue la primera integrante del gabinete en dejar el Gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, deberá declarar como imputada por una querella que se presentó luego que se conociera que una asesora suya intentó llamar al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por delitos en donde se invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
La militante del PPD fue la primera integrante del gabinete del presidente Gabriel Boric en dejar el cargo, luego que se difundiera un mensaje enviado por su colaboradora Tania Santis al referente de la organización radical. Fue reemplazada de forma interina por la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, hasta la llegada del actual ministro Giorgio Jackson.
Según lo consignado por Emol, el Ministerio Publico deberá indagar si hubo o no ilícitos en torno a la comunicación entre la asesora y Llaitul, dado que esta se produjo cuando las investigaciones contra este último estaban en curso.
En las diligencias se citará a declarar a Vega y a Santis, para que entreguen detalles sobre la forma y las razones detrás de la comunicación con el vocero de la CAM.
Además, se solicitó la declaración como testigos de la ex ministra del Interior, Izkia Siches; de la ex jefa de asesores del segundo piso, Lucía Dammert; y del actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que entreguen detalles sobre la eventual coordinación interministerial de la macrozona Sur que debía dirigir la ex ministra de Desarrollo Social.
La investigación en contra de Jeanette Vega surgió a partir de una querella presentada por el abogado RN Marcelo Brunet, por eventuales delitos de obstrucción a la investigación.
En la acción judicial, se afirmó que el contacto se realizó luego que Llaitul llamara a una “organización armada” contra el Estado, lo que significaría “al menos un incumplimiento del deber de denuncia que pesa sobre los funcionarios públicos”.
