En prisión preventiva quedó el consejero regional del Biobío, Alan Bastías Urrutia, luego de que el Juzgado de Garantía de Chiguayante acogiera la solicitud presentada por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización por el delito de violación.
La causa se originó tras la denuncia presentada por una mujer adulta por hechos que, de acuerdo con la investigación, habrían ocurrido en noviembre de 2024 durante una reunión social realizada en la comuna de Chiguayante. La indagatoria fue desarrollada por la Fiscalía de Concepción en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.
De autoridad electa a prisión preventiva: consejero regional del Biobío es formalizado por violación
Respecto de las diligencias realizadas, la fiscal (s) de Concepción, Marcia Matus, señaló que “luego de una investigación exhaustiva realizada por la Fiscalía de Concepción, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Concepción, se reunió evidencia científica, declaraciones de testigos de contexto, y el día de hoy se formalizó al imputado por el delito de violación”.
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el delito se configuraría bajo dos de las hipótesis contempladas en el artículo 361 del Código Penal: el uso de fuerza o intimidación y la incapacidad de la víctima para oponerse.
Además, solicitó aplicar la agravante de abuso de confianza por la relación existente entre ambas personas.
Sobre este punto, Matus explicó que “este delito está previsto y sancionado en el Artículo 361 del Código Penal y se le invocan dos circunstancias: la circunstancia de fuerza o intimidación y la circunstancia de incapacidad para oponerse. También se invoca por el Ministerio Público una agravante genérica, que es haber cometido el delito con abuso de confianza, agravante prevista en el Artículo 12 número 7 del Código Penal”.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal resolvió decretar la prisión preventiva del imputado al considerar que existen antecedentes suficientes para presumir la existencia del delito y la participación del acusado, además de estimar que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la sociedad.
Debido a todo lo anterior, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación. Mientras tanto, Alan Bastías Urrutia, quien fue electo como consejero regional en octubre de 2024, permanecerá privado de libertad mientras avanzan las diligencias del caso.
