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22 de Noviembre de 2022

“Zona Cero” y Macrozona Sur: las nuevas pensiones de gracia que persigue la oposición

La indemnización que reciben las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social motivó las indicaciones de la UDI y RN. 

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La denominada "Zona Cero" del estallido social de 2019 comprende la Plaza Baquedano y sus alrededores, los cuales pertenecen a las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta AGENCIA UNO
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En la actualidad, son 367 ciudadanos los que reciben una pensión de gracia luego de sufrir violaciones a los derechos humanos durante el periodo que duró el estallido social, de los cuales 137 lamentaron lesiones gravísimas como traumas oculares que, en varios casos, fueron irreversibles, y que reciben poco más de 516 mil pesos.

Esta medida, que fue impulsada en 2021 por el ministro Giorgio Jackson cuando era diputado, ha sido tomada como ejemplo por parlamentarios de oposición para realizar dos indicaciones al presupuesto 2023 del Tesoro Público. 

Primero, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) levantaron la indicación para que las víctimas de atentados en la Macrozona Sur, ya sea a nivel personal o de patrimonio (como quema de inmuebles o tomas de propiedades), sean indemnizadas bajo el mismo parámetro de los afectados mientras duró la revuelta. 

Este martes, como segunda indicación para que obtengan pensiones de gracia, Renovación Nacional (RN) incluyó a los perjudicados de la denominada “Zona Cero” de la Región Metropolitana, que incluye los alrededores de la Plaza Baquedano que comparten Providencia, Santiago y Recoleta (más al norte del río Mapocho). Locatarios y vecinos de este sector podrían verse beneficiados en caso de que el Senado entregue el beneplácito en la votación posterior. 

La idea, en paralelo, favorecería igualmente a los comerciantes afectados por hechos de violencia en todo el país, como el centro de Valparaíso y otras capitales regionales.

Pensiones que son iguales a las del estallido según RN

Estas dos mociones, incluidas en el presupuesto 2023 del Tesoro Público, deberán ser estudiadas por la Cámara Alta y deberán establecer un límite territorial en caso de ser aprobadas para su ejecución, en especial, la de la “Zona Cero”. 

“Espero que las víctimas tengan la oportunidad de volver a empezar con pensiones acordes al daño emocional, físico y psíquico que sufrieron. Cómo no nos vamos a poner la mano en el corazón y el Gobierno no les va a entregar pensiones de gracia a quienes trabajando con el fruto del esfuerzo personal perdieron prácticamente todo en el estallido. Le pido al Gobierno respalde esta indicación en el Senado. Es un mínimo de justicia para tantas familias que lo perdieron todo”, dijo el diputado Andrés Longton (RN). 

“Esta indicación viene a equiparar la presentada en años anteriores por el actual Gobierno donde se solicitó reparar a las víctimas del estallido social por parte de agentes del Estado. Indicación que se aprobó por quienes hoy están gobernando desde La Moneda”, agregó María Luisa Cordero (Ind.). 

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