El alcalde de la Municipalidad de San Ramón, Gustavo Toro (DC), enfrenta un complejo escenario judicial. Esto luego de una demanda ejecutiva por una deuda de 630.398.049 millones de pesos a la Fundación Educacional Kronos, una entidad de Asistencia Técnica Educativa (ATE).
Hace algunos días el Segundo Juzgado Civil de San Miguel decretó el pago de lo adeudado por el municipio de San Ramón y despachó una orden de embargo “de los dineros de la cuenta corriente” del municipio por facturas impagas.
La batalla judicial comenzó en abril de este año, cuando la Fundación Educacional representada por el abogado y ex ministro de Justicia, Isidro Solís, entabló una demanda ejecutiva contra la Municipalidad y el alcalde Gustavo Toro (DC), por el no pago de una serie de facturas.
El recurso judicial fue acogido por el Tribunal y según fuentes del proceso, de no pagar la totalidad de la deuda, el alcalde Gustavo Toro sufriría el embargo de bienes, ya que, según afirman desde el Concejo Municipal de San Ramón, la sentencia está ejecutoriada.
“A la demanda (…) despáchese por el monto de $630.398.049 (…) téngase presente sólo respecto de los bienes muebles y se designa al deudor como depositario provisional, bajo su responsabilidad civil y penal; y para el caso que se quiera embargar bienes inmuebles, deberá previamente acompañar la respectiva inscripción y el avalúo correspondiente y en el caso de los dineros de la cuenta corriente, debe señalar sucursal y agente de la misma”, señala la orden de la causa C322-2022
Fuentes de la causa señalan que por la deuda el tribunal accedió al embargo de bienes por el monto señalado, que de no ser pagados a la brevedad y que mientras no se resuelva el juicio ejecutivo, el demandado no puede disponer de los bienes que tiene en depósito y deja abierta la posibilidad de embargar bienes inmuebles, conforme a la resolución.
“El juicio nace por contrato de ex alcalde Miguel Ángel Aguilera”
Consultado por EL DÍNAMO, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, señaló que el juicio nace a raíz de un contrato de la administración anterior, del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera, y que su gestión tuvo que asumir. Agrega además que, es una licitación que “se hizo fuera de la ley, porque el contrato no se aprobó en el Concejo Municipal por el quórum de 2/3” para que fuera válido.
“Acá hay tres problemas. El contrato firmado está viciado porque no tuvo el quórum para ser aprobado, se obliga al municipio a pagar una deuda sin tener los recursos y nosotros asumimos con un contrato vigente con una deuda de 6 meses de ese servicio y sin dinero en la cuenta corriente de Subvención Escolar Preferencial (SEP) para pagarlo”, señaló el alcalde Toro a EL DÍNAMO.
Sin embargo, Toro precisó que el Tribunal “ordenó el pago o el embargo sobre una cuenta corriente de la subvención escolar preferencial, pero los bienes inmuebles de la Municipalidad no se pueden embargar”. También explicó que se abonó a la deuda hace algunos días más de 300 millones de pesos.
La concejal del PS, Roxana Riquelme señaló a EL DÍNAMO que “mientras la deuda total no se pague el Tribunal puede decretar un embargo” y agregó que “el alcalde Toro no ha mostrado los detalles de la demanda civil contra el Municipio, ni de dónde se obtuvieron los recursos para pagar el abono”.
