Este martes se informó que ex funcionarios de la Corporación Municipal de Educación de Maipú (CODEDUC) que trabajaron durante la gestión de la ex alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga (Ind-UDI), serán formalizados tras ser acusados de malversación.
El proceso se realizará a partir de las acciones judiciales presentadas por el actual alcalde Tomás Vodanovic (RD), siendo las primeras que abarcan a personas que pertenecieron al círculo cercano de la ex autoridad comunal.
Los ex funcionarios fueron acusados del delito de “malversación por aplicación pública diferente con daño o entorpecimiento”, por hacer uso indebido de más de $2.200 millones de fondos del Ministerio de Educación destinados al fortalecimiento de la educación pública y de estudiantes prioritarios.
Entre los involucrados se encuentran de ex altos cargos de la CODEDUC, entre ellos las ex secretarias generales de la Corporación, Jacqueline Sánchez y María Luisa Pizarro, quienes tendrán que acudir a la audiencia de formalización el próximo 26 de febrero.
“Valoramos el paso en el proceso para determinar las responsabilidades del grave daño que se le hizo a la educación pública de Maipú, y sobre todo a los más de 16.000 niños, niñas y adolescentes que asisten a nuestros establecimientos. Colaboraremos todo lo que sea necesario para que estos hechos no queden en la impunidad, porque las comunidades escolares de Maipú merecen justicia”, señaló Ignacio Cáceres, actual secretario general de la Corporación Municipal de Educación.
La querella contra los ex funcionarios
La actual gestión municipal de Maipú presentó la acción judicial contra los ex funcionarios del período de Cathy Barriga a inicios de 2022.
En el detalle, se denunció el uso incorrecto de 1.414 millones del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) entre los años 2016 y 2020; y de 821 millones de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en 2021. De acuerdo a la solicitud de formalización, se realizaron pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales, un destino distinto del establecido por las normas que rigen los convenios de SEP y FAEP.
Ello fue en desmedro, por ejemplo, de labores de mantención y mejoramiento de inmuebles e infraestructura de liceos y jardines, o de la contratación de servicios y compra de insumos para actividades de captación de matrícula.
Además se recordó que algunas polémicas compras como la de los peluches de “Renacín” y “Smapina” -que alcanzaron los $55 millones- también fueron financiadas con recursos FAEP del año 2017. Sin embargo, dichos gastos fueron rechazados por el Ministerio de Educación, al no cumplir el objetivo de ese mecanismo de financiamiento.
