El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, declaró el pasado lunes que el ex diputado Miguel Crispi sí debe entregar sus explicaciones ante la comisión investigadora del Caso Convenios. Esto, tras negarse a asistir por segunda vez.
En una nueva sesión de dicha instancia, Bermúdez detalló que “en un estado democrático uno de los principios fundamentales es el de rendir cuentas”. Y agregó que “una autoridad tiene el deber de dar cuenta de sus decisiones, independiente de la denominación de su cargo”.
El abogado especificó que Contraloría no tiene jurisprudencia sobre la materia, por lo que antes de emitir un dictamen dio un plazo para que el ex parlamentario explique por qué no tendría que comparecer ante la comisión.
El principal argumento del Gobierno para justificar la ausencia a la comisión investigadora del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda es que, al estar contratado a honorarios, no tiene la obligación de concurrir a declarar por no ser funcionario público.
Qué pasa si Crispi no entrega sus declaraciones en cinco días
Dado que este lunes los tiempos para que el ex diputado declarara habían quedado abiertos, este martes se finiquitó un plazo.
Contraloría ofició a Miguel Crispi, dándole cinco días para entregar un informe sobre sus razones y pruebas del caso ante la comisión. Misma solicitud que fue efectuada a la Presidencia de la República para que explique las ausencias reiteradas del jefe de asesores.
Esta solicitud se enmarca en la Ley 18.918 de Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la cual regula quiénes y por qué deben asistir a las comisiones del Congreso, siendo su artículo N° 54 el que está siendo analizado para entender los pasos a seguir.
En este artículo, se describe que “los ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión especial investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. También que “las autoridades, los funcionarios y las personas citadas conforme a lo anterior, estarán obligados a comparecer a la sesión“. Asimismo, se lee en el mismo cuerpo legal que “dichas personas deberán suministrar los antecedentes y las informaciones que les solicite la Comisión”.
Por lo tanto, si Miguel Crispi y el Gobierno no dan una explicación en cinco días por su negativa a participar de la comisión investigadora, Contraloría lo va a obligar a presentarse por ser funcionario de la administración del Estado. Tras esto, se podría dar inicio a un proceso administrativo sancionatorio.
