Este lunes 4 de agosto la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócrata), en el marco de un presunto delito de fraude al fisco, aunque aún resta la apelación ante la Corte Suprema.
A fines de junio, la Fiscalía Regional de Aysén solicitó el desafuero del legislador, quien también enfrenta una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya acción se interpuso contra él y todos los que resulten responsables de dicho delito.
Lo anterior, también contempla a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por presuntamente haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación.
De acuerdo a lo expuesto por el CDE, “Carla Graf, coludida con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
Diputado Miguel Ángel Calisto recurrirá a la Corte Suprema para evitar desafuero por fraude al fisco
Bajo este contexto, el diputado Miguel Ángel Calisto explicó que “la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero que realizó el Ministerio Público a propósito de una denuncia anónima que se realizó hace más de cinco años, donde se acusaba a una de mis asesoras de no trabajar formalmente”.
A lo que agregó: “A nosotros nos llama profundamente la atención que no se haya considerado, por ejemplo, elementos tan importantes como el informe del Consejo de Asignaciones, donde refleja que, además, la asesora entregó todos los informes correspondientes en todos los meses correspondientes y conforme a eso. Además, fue auditado por la unidad de auditoría que, además, tienen un respaldo legal a través de una ley orgánica y son un ente independiente al Congreso Nacional”.
Considerando lo anterior, anunció que recurrirá al máximo tribunal para evitar su desafuero: “Nosotros estamos absolutamente tranquilos y convencidos respecto de nuestra defensa y, por supuesto, que vamos a llegar a otra instancia, que es la Corte Suprema, donde esperamos que el criterio sea distinto”.
