La Fiscalía Oriente solicitó este viernes ante la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), en el marco de la investigación en su contra por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.
Así lo informó el Ministerio Público mediante un comunicado difundido a través de sus cuentas en Ias redes sociales, en el que detalló que la petición ante el tribunal de alzada capitalino la presentó la fiscal Lorena Andrea Parra.
Junto con ratificar la solicitud de desafuero contra Joaquín Lavín León, la Fiscalía Nacional precisó que en la causa “también existen otras personas involucradas”.
Recordó que “las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigacioines (PDI), y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC), de la Fiscalía Nacional”.
A la vez, el órgano persecutor indicó que tras el análisis de los antecedentes los tribunales “determinarán si existe o no mérito suficiente para el desafuero“, y apuntó que “en esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito investigado”.
Además del desafuero: CDE demandó a Joaquín Lavín León y ex asesores
Tal como lo indicó el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra Joaquín Lavín León y “quienes resulten responsables” del delito investigado.
De acuerdo con lo precisado por radio Biobío, la acción judicial también esta dirigida contra Arnaldo Domínguez Vallejos y Felipe Vásquez Diéguez, ex asesores del diputado, y el empresario Juan Silva Morales.
Según los antecedentes recogidos durante la investigación, Lavín León presentó a la Cámara de Diputados un total de diez facturas por un total de $7 millones, relacionados a supuestos trabajos parlamentarios.
Las indagatorias permitieron establecer que esas facturas sirvieron para encubrir el pago de deudas adquiridas durante campañas electorales del diputado con la imprenta MMG, que representa el empresario Silva.
El director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, ratificó que además de la solicitud de desafuero de Joaquín Lavín León, se hizo lo mismo con el diputado Miguel Ángel Calisto.
