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Desorden financiero impacta de lleno al Ejecutivo: oposición abre la puerta a acusaciones a ministros de Boric, incluso en el gobierno de Kast

Las reparticiones con los mayores montos objetados son Defensa, Vivienda e Interior. En total, se trata de $15,9 billones que no cuadran tras la revisión de Contraloría.

Antes del mediodía, Álvaro Elizalde ya había realizado el control de daños luego de que la Contraloría diera a conocer la objeción de los estados financieros de 73 instituciones públicas por un total de $15,9 billones.

“Es necesario precisar que estamos hablando de un informe de la Contraloría que comprende el periodo que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno”, sostuvo el ministro del Interior endosando parte de la responsabilidad en el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. 

El énfasis de Elizalde en la administración anterior se debe a que el consolidado publicado por Contraloría evidencia una situación especialmente delicada en tres ministerios clave: Defensa, Vivienda e Interior

A la cartera de Defensa, hoy liderada por Adriana Delpiano (PPD) y antes encabezada por Maya Fernández (PS), se le objetaron $4,2 billones siendo la institución con el monto más grande en no ser visado por la Contraloría. Le siguen la cartera de Vivienda con $1,7 billones e Interior con $1,6 billones.

En concreto, según informó el ente fiscalizador, en estos y otros casos “el resultado fue ‘Abstención de opinión’ ya que no hay evidencia suficiente y adecuada que confirmen que los saldos de sus balances eran razonables y confiables”.

A raíz del informe, en la oposición ya se activó una ofensiva que corre por dos carriles: el judicial y el político.

En lo judicial, diputados de la UDI adelantaron que solicitarán la designación de fiscales especiales para investigar eventuales delitos sumándose al anuncio de la Contraloría que informó que ya había puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). 

Los gremialistas, en esa línea, abrieron la puerta a eventuales acusaciones constitucionales a ministros encargados de las carteras con problemas, las que podrían concretarse incluso después del cambio de mando.

“Hay que recordar que las AC presentadas contra ministros de este Gobierno han sido desestimadas porque los diputados oficialistas han blindado a sus ministros. No obstante, hay que recordar que los ministros tienen responsabilidad política incluso después de 3 meses de terminado el gobierno, por lo que en el próximo Parlamento vamos a tener los votos necesarios para poder ejercer esta responsabilidad política”, asegura a EL DÍNAMO el diputado Jorge Alessandri (UDI). 

La disposición a la que alude Alessandri se encuentra en la Constitución Política.

En el artículo 52, numeral 2, hay un inciso que menciona: “Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella”.

Las carteras ministeriales mencionadas por la Contraloría son Defensa, Vivienda, Interior, Educación, Desarrollo Social, Salud, Deportes, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Economía, y Trabajo.

El diputado e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, Álvaro Carter (REP), también apunta a las “responsabilidades políticas” de los ministros señalando que “no están solo para la foto o para implementar ideologías; su primera labor es administrar con probidad el patrimonio de todos los chilenos. Lo que vemos en Vivienda, que ya venía golpeado por el caso convenios, y en Defensa, es un patrón de negligencia. Si los capitanes de estas carteras no supieron o no quisieron cuidar los recursos, deben responder ante el Congreso”.

Y acota: “Aquí hubo cabezas que no hicieron su trabajo y eso, en democracia, tiene un costo político que vamos a hacer valer“.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, acota que “queda poco tiempo (de este Gobierno) pero no descartamos ninguna de todas las herramientas de fiscalización disponibles. Oficios, citaciones, interpelaciones y solicitudes de auditorías más profundas están sobre la mesa. Ni tampoco lo que ocurra después de marzo. La responsabilidad política se puede perseguir”.

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