Una compleja semana atravesó el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Casi al mismo tiempo, tres flancos se abrieron y generaron críticas en un área donde siempre se ha visto débil: la gestión.
El primero tiene que ver con los “amarres” que incluye la ley de reajuste que debe enviar el Gobierno al Congreso. A eso se sumó el supuesto nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de las Víctimas, que fue cuestionado incluso por sectores aliados al Gobierno. Y, por último, está la auditoría publicada por Contraloría a los Estados Financieros de reparticiones públicas y donde el organismo dirigido por Dorothy Pérez objetó la rendición de $15,9 billones por parte de 73 instituciones.
El primero de los tres flancos: Ley de “amarre” en el reajuste
Fue el Partido Republicano el que encendió la alarma. En el punto 14 del acuerdo alcanzado entre asociaciones trabajadores del sector público y el Gobierno apareció una disposición que permite a los funcionarios nombrados por confianza política extender su permanencia en reparticiones del Estado más allá del 11 de marzo, fecha del cambio de mando.
La norma aún no es ingresada al Congreso, pero al ser un compromiso adoptado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, no puede bajarse del articulado.
El problema es que sectores del mismo oficialismo le quitaron el piso y apoyaron la interpretación del “amarre” de cargos.
“Este es el último gran error del gobierno del Presidente Gabriel Boric. No tiene ningún sentido que a pocos meses del término gobierno, cuando ya hay un Presidente electo, se plantee una norma como esta”, dijo a EL DÍNAMO el jefe de bancada de diputados PPD, Raúl Soto.
La polémica escaló al punto de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, amenazó con una acusación constitucional contra el ministro Grau si es que el Ejecutivo persiste en la idea.
El resistido nombramiento de Patricia Muñoz
En el contexto de discusión por el amarre de cargos, surgió otro flanco para el Ejecutivo: el nombramiento de Patricia Muñoz, abogada cercana a Boric, como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.
Según dio a conocer Ex-Ante, el cargo de la defensoría quedaría vacío al menos por seis meses puesto que Muñoz está en su séptimo mes de embarazo. Su postnatal la obligaría a ausentarse de su cargo. Es decir, el estrenado servicio partiría descabezado.
La controversia generó un reclamo de la bancada de Renovación Nacional ante Contraloría para fiscalizar el supuesto nombramiento, sobre el cual el Gobierno aún no se pronuncia.
En el oficio enviado al ente fiscalizador se advierten dos situaciones: los problemas que podría representar en la instalación de la defensoría no tener un director por la mitad de un año, y que el pago del sueldo a Muñoz se concretaría a pesar de no estar en funciones. Asimismo, por el fuero maternal, el cargo quedaría amarrado hasta, por lo menos, inicios de 2027.
El cuestionamiento, al igual que en la ley de reajuste, no sólo ha venido desde las filas opositoras, sino también del propio oficialismo.
El secretario general del PPD, José Toro, plantea a EL DÍNAMO que “acá hay un error profundo”, ya que si bien Muñoz “cumple con todos los requisitos para tener ese cargo, su nombramiento provoca un duro retroceso en los derechos de las mujeres que tanto han costado conquistar”.
Sobre esto, explica que “nombrar a una persona que todos sabemos que tiene afinidades políticas con nuestro sector, además de todas las credenciales positivas para su cargo, que no va a poder dirigir la instalación de esta defensoría tan aclamada, le entregó una bandera a la derecha para plantear que esto era un amarre”.
Y subraya: “El gobierno está en un zapato chino porque ni siquiera puede retroceder en el nombramiento, porque si lo hace, ¿cuál es la señal política que entrega a la ciudadanía? Que las mujeres embarazadas no pueden asumir cargos relevantes. Y si Muñoz asumiera el cargo y no se tomase el post natal, la señal es que las mujeres con cargos importantes no tienen este derecho en el que tanto costó avanzar”.
Desorden fiscal
El tercer golpe que sufrió el Gobierno esta semana fue imprevisto. Una auditoría de Contraloría objetó $15,9 billones en balances de instituciones públicas. Entre los organismos con montos objetados más altos figuran los ministerios de Defensa ($4,2 billones), Vivienda ($1,7 billones) e Interior ($1,6 billones).
La polémica generó una rápida ofensiva opositora que pidió la designación de fiscales especiales para investigar eventuales delitos.
Pero lo más complejo para el Ejecutivo es la amenaza de acusaciones constitucionales que podrían concretarse incluso después del 14 de marzo.
“Hay que recordar que los ministros tienen responsabilidad política incluso después de 3 meses de terminado el gobierno, por lo que en el próximo Parlamento vamos a tener los votos necesarios para poder ejercer esta responsabilidad política”, advirtió a EL DÍNAMO el diputado Jorge Alessandri (UDI).
A la arremetida se sumó el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, para quien todas las opciones de fiscalización están abiertas: “Queda poco tiempo pero no descartamos oficios, citaciones, interpelaciones y solicitudes de auditorías más profundas. Ni tampoco lo que ocurra después de marzo. La responsabilidad política se puede perseguir”.
