La última encuesta Plaza Pública Cadem muestra un amplio rechazo al proyecto de ley que busca la conmutación de penas aprobado esta semana por el Senado y que recibió el respaldo del presidente electo, José Antonio Kast.
El proyecto de ley que permite a condenados cumplir sus penas en reclusión domiciliaria bajo ciertos criterios de edad y salud concita un rechazo transversal entre la ciudadanía, según la Cadem publicada este domingo.
El estudio consultó a los encuestados si estaban de acuerdo con que distintas categorías de condenados pudieran terminar de cumplir su pena en su domicilio particular.
El rechazo más contundente lo reciben las personas condenadas por violación o asesinato: un 92% se opone a que cumplan condena en sus hogares, mientras solo un 3% lo apoya.
En segundo lugar aparecen los condenados por violaciones a los derechos humanos que cumplan con los criterios de edad y salud contemplados en el proyecto: el 77% está en contra y apenas un 16% respalda la medida para este grupo.
Le siguen los hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 sin distinción de delito, donde el rechazo alcanza el 76% y el apoyo no supera el 17%.
El caso que genera mayor división —aunque sigue siendo mayoritariamente rechazado— es el de las personas mayores con enfermedades terminales o graves: aquí el 56% se opone a la reclusión domiciliaria, frente a un 37% que la apoya, la cifra más alta de respaldo entre todas las categorías consultadas.
El sondeo también midió el nivel de conocimiento del proyecto: un 83% de los encuestados declaró haber sabido o escuchado de la iniciativa aprobada por la Cámara Alta.
Gobierno de Boric termina como el peor evaluado desde el retorno a la democracia
La misma encuesta entregó el balance final de la administración Gabriel Boric, que cierra su mandato con una aprobación de 37% y una desaprobación de 58%.
Al ser evaluado con nota de 1 a 7, el Gobierno de izquierda obtiene un promedio de 3,7 al cierre —levemente superior al 3,6 que registró tanto al primer como al segundo año de gestión—, pero insuficiente para escapar del último lugar en el ranking histórico desde el retorno a la democracia.
En la comparativa directa, solo un 29% califica la administración como buena o muy buena, frente a un 53% que la considera mala o muy mala y un 16% que la evalúa como regular.
Asimismo, comparado como predecesores, la administración de Boric queda en último lugar. El primer gobierno de Sebastián Piñera lidera la tabla con un 68% de evaluación positiva al cierre. Le sigue el primer gobierno de Michelle Bachelet con un 52%, luego Patricio Aylwin con un 44%, Ricardo Lagos con un 39% y Eduardo Frei Ruiz-Tagle con un 35%.
El segundo gobierno de Piñera alcanzó un 53% de aprobación final, mientras que el segundo mandato de Bachelet cerró con un 31%, el registro más cercano al de Boric antes de esta medición.
En materia de gestión por áreas, los peores resultados del gobierno corresponden a inmigración (74% de evaluación negativa), delincuencia y narcotráfico (71%) y lucha contra la corrupción (70%). Las únicas áreas donde la ciudadanía otorga mayoría positiva son transporte (53% bien o muy bien) y medioambiente (50%).
