“Pedirle a la clase media que comprenda la necesidad de financiar la crisis desde su bolsillo es poco empático”. Con esa frase, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (independiente elegido en cupo de la UDI) cuestionó esta semana la manera en que el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha tratado el alza de combustibles que comenzó a regir este miércoles.
La decisión de no ampliar la deuda que financia el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) desató una ola de críticas y una importante caída en la aprobación presidencial. Para los alcaldes, el impacto tiene además una dimensión concreta: más gasto en sus operaciones y más demanda social desde las familias de sus comunas.
Iglesias, ingeniero de 30 años que en diciembre de 2024 terminó con doce años de gobiernos de izquierda en Independencia, considera que la aplicación económica de la medida es correcta. Pero en entrevista con EL DÍNAMO apunta a un error de empatía en la comunicación inicial del gobierno y anuncia un paquete de emergencia municipal de 500 millones de pesos para amortiguar el alza en los hogares de la comuna.
— ¿Cómo analiza el impacto que tendrá a nivel comunal el alza de combustibles que entró en vigencia hoy?
— Sin duda la situación es compleja. El alza va a tener un fuerte impacto en la vida de las familias, sobre todo en las familias de clase media que mes a mes se las arreglan mediante deudas para llegar a fin de mes. El alza de la bencina no solo significa eso: probablemente, en el mediano plazo, implicará también un alza en la canasta básica y en los servicios básicos. Eso se traduce en consecuencias importantes para las familias de Chile. Desde el Estado, en sus diferentes áreas, tenemos la responsabilidad de llegar con soluciones concretas a las personas que sienten las consecuencias del alza.
— ¿Cree que se pudo haber manejado de otra manera esta alza por parte del Gobierno del presidente Kast?
— Siempre las cosas se pueden hacer mejor y eso es discutible. Si endeudarse o no, si se puede ir amortiguando o no. Es una discusión abierta. Pero yo, más que opinar si las medidas son buenas o malas, me quedo con las medidas que ya están: son las que impulsó el Gobierno y creo que lo importante hoy es tomar acción hacia adelante. Porque como municipio, los alcaldes tenemos que dar respuestas más allá de los reclamos que uno puede hacerle al Ejecutivo; las personas necesitan soluciones. El alza de los combustibles ya está, los precios subieron hoy, y como alcalde y como municipio estamos enfocados en las soluciones concretas que podemos dar.
— ¿Qué medidas han tomado en el municipio para paliar el alza?
— Hoy el foco está puesto en cinco iniciativas. Primero, el apoyo en gas a las familias de la comuna: queremos llegar, durante cuatro meses —de mayo a agosto—, a 6.000 hogares con entrega mensual de un vale de gas para apoyarlos en la calefacción. Segundo, crearemos una oficina de apoyo jurídico y presupuestario para la renegociación de deudas, especialmente deudas comerciales. Muchas veces eso puede ser muy importante para trasladar la carga financiera en el tiempo, y tendremos un equipo dedicado exclusivamente a eso. Tercero, aumentaremos la entrega de alimentos en la comuna, reforzando el presupuesto hasta llegar a 500 millones de pesos municipales para ayuda social a las familias. Y cuarto, incrementaremos el stock de remedios en nuestras farmacias: identificamos los 10 medicamentos más requeridos por los vecinos y vamos a ir aumentando ese stock para reducirles el costo de bolsillo en el día a día.
— ¿Y cómo afecta este alza a las operaciones propias de la municipalidad, considerando los vehículos, el retiro de basura y las arcas comunales?
— Hoy mismo le pedí al equipo de finanzas que me presente esta semana un informe sobre eso: cuánto aumentará el gasto en combustible en la comuna. Nosotros contamos con varios autos eléctricos, lo cual es un punto a favor, pero sin duda el gasto en combustible existe por otros vehículos, por generadores, por los camiones de carga pesada. Eso nos va a significar un aumento de costos que tenemos que suplir, y lo importante es cómo lo hacemos, porque la plata es limitada y no llega del cielo. Por eso estamos agilizando los procesos de cobranza: la cobranza de patentes, antes de que llegáramos a esta administración, era muy débil, con millones sin cobrar, y ya estamos intensificando ese proceso. También reduciremos programas que, si bien eran importantes para la administración, hoy no son los más prioritarios, y veremos cómo nos apretamos el cinturón en el municipio para, por un lado, mantener el funcionamiento y, por otro, ayudar a más familias de la comuna.
— Respecto a la agenda legislativa que ayer fue despachada para convertirse en ley en las próximas horas, ¿cree que esas medidas —el subsidio a los taxis, los vehículos escolares, entre otras— son suficientes para contener esta crisis que golpea no solo los precios sino también la inflación y el crecimiento?
— Las medidas son distintas entre sí. La de la parafina me parece muy importante: su consumo es relevante para las familias de clase media y media baja, y mantener —o incluso bajar— su precio es un aporte real. Lo segundo, mantener las tarifas del transporte público, beneficia a millones de personas y eso también es una buena noticia para las familias más pobres de Chile. Respecto a los taxis, el subsidio de 100 mil pesos mensuales que se contempla es considerado insuficiente por los propios taxistas, y eso es algo que hay que revisar. Los gobiernos siempre tienen flexibilidad para revisar y ajustar las medidas iniciales, pero creo que en general las ayudas van en la línea correcta.
— El gobierno ha enfrentado dificultades en la comunicación de esta decisión. ¿Cómo evalúa políticamente la gestión de esta crisis?
— El gobierno tiene una situación compleja y hay que ser justos con eso. Tuvo que tomar una decisión difícil en un contexto que no tiene que ver con su propia gestión, sino con lo que ocurre externamente. Pero también creo que en la primera comunicación al respecto el manejo pudo haber sido más empático: ponerse en el lugar de las personas y reconocer el costo que estas medidas significan en el corto plazo, más allá de los números. Creo que si bien la aplicación económica es probablemente la correcta, hay dimensiones que van más allá de las cifras. Hoy hubo un error en ese sentido y creo que el gobierno tiene espacio para corregir, especialmente a partir de las medidas que están surgiendo incluso desde parlamentarios de su propio sector.
— También hay una afectación importante a la aprobación del presidente…
— En cuanto a la pérdida de popularidad, el presidente tiene que tomar decisiones complejas que conllevan ese costo, y está bien que no piense solo en la popularidad sino en más variables.
— ¿Cree que esta sensación de crisis, y el menor margen político que genera la caída en la aprobación, afectará también otras agendas del gobierno?
— Es obvio que sí. Así como el municipio tendrá que reasignar sus programas, el gobierno también va a tener que redefinir prioridades, porque la plata hoy está destinada a una crisis que no esperaba al inicio del mandato. Tendrán que decidir dónde cortan recursos para financiar las ayudas sociales que ahora son urgentes.
— ¿Espera reunirse con representantes del Gobierno para hacer ver las dificultades que esta medida le genera a los municipios?
— Sí, los alcaldes lo hemos conversado entre nosotros. Creo que hay que tomarse un poco más de tiempo para implementar nuestras propias medidas, cuantificar bien cuánto nos va a costar a los municipios, y luego ir con un trabajo profesional a levantar solicitudes concretas y ponernos también a disposición de colaborar con lo que está haciendo el gobierno.
