El Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó dos proyectos de ley destinados a enfrentar la violencia escolar y fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales del país.
Las iniciativas fueron dadas a conocer junto a autoridades del área educativa, de seguridad y justicia, con el objetivo de reforzar tanto la prevención como la sanción de delitos al interior de las comunidades escolares.
El primero de los proyectos propone modificar el Código Penal para incorporar nuevas circunstancias agravantes en delitos cometidos dentro de recintos educacionales. Esto implica que actos de violencia o daños contra estudiantes, docentes, asistentes de la educación o infraestructura escolar podrían recibir penas más severas, especialmente si ocurren en el contexto de actividades académicas o extracurriculares.
La segunda iniciativa, denominada Escuelas Protegidas” tiene un enfoque preventivo y busca resguardar la integridad física y psíquica de estudiantes y funcionarios. Entre sus medidas más destacadas se encuentra la posibilidad de que los establecimientos implementen la revisión de mochilas y pertenencias personales, con el fin de evitar el ingreso de objetos peligrosos o que puedan ser utilizados en agresiones.
El proyecto también contempla un mayor empoderamiento de los docentes, quienes podrán aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas para garantizar el orden en la sala de clases. Asimismo, se establecen sanciones para quienes interrumpan el normal desarrollo de la jornada escolar, considerando estas acciones como faltas graves a la convivencia educativa.
Junto a ello, la iniciativa incluye disposiciones como la prohibición de cubrir el rostro dentro de los establecimientos y la inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes hayan sido condenados por delitos graves.
Oficialismo tensiona proyecto por requisito de gratuidad
La propuesta ha generado tensiones incluso dentro del oficialismo, especialmente por su artículo 6, que introduce un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria que es no haber sido condenado por delitos graves en un plazo de cinco años desde la sentencia firme.
Desde el Congreso, parlamentarios de distintos sectores marcaron distancia con esta medida. El diputado Diego Schalper (RN) advirtió que “nos parece fundamental que tenga una base de apoyo amplia, para eso, hay que conversar y encontrar puntos de acuerdo”, mientras que Ximena Ossandón llamó a evaluar con cautela los casos: “Hay que tener mucho cuidado, ver el entorno, ver cuál es la gravedad del hecho y hay que tener cuidado con esto de fijar el tema de la gratuidad”.
En la misma línea, Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que quitar el beneficio “constituye una sanción válida”, pero planteó que debería contemplarse su restitución bajo condiciones de reinserción.
Durante la sesión, también surgieron cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones. La diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano) enfatizó que “deben existir criterios mínimos” y ejemplificó que “no es lo mismo alguien que porta un arma de fuego (…) a una persona que se vio involucrada en una riña”. Frente a estas críticas, el ministro de la Segpres, José García, se mostró abierto a ajustes al proyecto, señalando que “nosotros estamos llanos a recoger las indicaciones que ustedes hagan” y que “bienvenidas las indicaciones, podemos conversarlas”.
