El Gobierno de José Antonio Kast presentó esta mañana su proyecto estrella. El texto viene acompañado de un Informe Financiero de 45 páginas firmado por la Dirección de Presupuestos. Ahí se detalla, medida por medida, cuánto cuesta cada artículo y cómo el gobierno espera financiarlos. La lectura de ese informe revela una arquitectura fiscal con poco margen de error: los costos ya están claros, pero los ingresos proyectados dependen de supuestos que el propio documento reconoce como inciertos.
La mayor rebaja: el impuesto corporativo
La medida de mayor costo permanente es la reducción gradual del impuesto de primera categoría —el que pagan las empresas sobre sus utilidades— desde el 27% actual al 23%, en cuatro años. Según el informe financiero, eso representa una caída de recaudación de 0,44% del PIB en régimen, es decir, una vez completada la transición en 2029. Con el PIB actual de Chile, eso equivale a alrededor de $1,67 billones anuales (alrededor de USD 1.700 millones) que el fisco deja de percibir.
A eso se suma la reintegración total del sistema tributario —que elimina la obligación de que los accionistas restituyan parte del crédito al retirar utilidades—, con un costo adicional de 0,12% del PIB en régimen, otros $456 mil millones al año.
Las medidas transitorias más costosas
El proyecto incluye también una exención de IVA por 12 meses a la primera venta de viviendas nuevas. Costo estimado: 0,29% del PIB en total distribuido entre 2026 y 2027, equivalente a unos $650 mil millones. Es la apuesta más cara del eje de reactivación inmobiliaria.
El crédito tributario al empleo —que subsidia hasta un 15% del sueldo para trabajadores que ganen menos de 7,8 UTM— tiene un costo inicial de $1,54 billones el segundo año, pero va decreciendo hasta cero hacia el año 2050.
¿Cómo se financia?
El gobierno planea combinar tres fuentes de financiamiento. La primera son medidas de recaudación permanente. La eliminación de la franquicia tributaria del SENCE —que permitía a las empresas descontar gastos de capacitación del impuesto— genera +0,08% del PIB anual ( unos $304 mil millones). Las nuevas patentes a concesiones acuícolas sin uso y las sanciones al contrabando de tabaco suman otros $105 mil millones permanentes desde 2028. En total, los ingresos permanentes nuevos cubren una fracción del costo permanente de la rebaja corporativa.
La segunda son medidas transitorias de recaudación. La amnistía para regularizar activos en el extranjero con un impuesto único del 10% generaría, según estimación conservadora del gobierno, $285 mil millones en 2026-2027. El impuesto sustitutivo al FUT histórico —utilidades empresariales acumuladas que nunca pagaron impuestos finales— aportaría $418 mil millones adicionales. El anticipo de impuesto a herencias y donaciones suma otros $263 mil millones. Todas estas son fuentes de una sola vez: recaudan hoy, pero no se repiten.
La tercera es el “efecto crecimiento”. El informe financiero incorpora explícitamente los ingresos fiscales que generaría el mayor crecimiento inducido por la reforma. Basándose en un informe de la Subsecretaría de Hacienda, el gobierno estima que sus medidas elevarían el crecimiento tendencial desde el 2% actual al 3% en escenario conservador, y al 4% con efectos multiplicadores. Eso generaría holguras fiscales de hasta +1,21% del PIB al año 25, con lo cual la reforma tendría superávit en el largo plazo.
El supuesto que todo lo sostiene
Ese argumento no es nuevo. La discusión sobre si una rebaja tributaria “se paga sola” vía crecimiento lleva décadas en la economía política internacional, y el resultado empírico es, en el mejor caso, mixto. El propio documento de Hacienda lo reconoce indirectamente: la metodología usada se apoya en una “elasticidad ingresos-PIB unitaria” —un supuesto estándar— y en proyecciones de la Subsecretaría que aún no han sido sometidas a revisión externa.
El informe también admite que las tablas consolidadas finales —que mostrarían el balance neto de todo el proyecto— dependen de si se incluye o no ese efecto crecimiento. Sin el efecto, el balance en régimen es negativo en torno a 0,5% a 0,6% del PIB anual. Con el efecto, el proyecto se convierte en positivo a partir del cuarto año.
Esa apuesta —que la reforma se financiará con el crecimiento que ella misma generará— es precisamente el eje del debate político y económico que comenzará en el Congreso a partir de las próximas semanas. Los que la apoyan dirán que es una inversión. Los que la cuestionan, que es un salto al vacío.
