La Ministra de Educación, María Paz Arzola, salió a defender este domingo las medidas de cobro forzoso a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), argumentando que la alta morosidad amenaza la sostenibilidad de todo el sistema de ayudas estudiantiles. La ministra fue entrevistada en el programa Mesa Central de Canal 13.
“El ajuste que requiere una política de gratuidad de un año a otro es en torno a 200 a 300 millones de dólares. Con esa cantidad de plata nosotros podríamos equiparar el monto por niños en jardines infantiles, que es una demanda que este país tiene hace muchos años”, afirmó Arzola, vinculando directamente la morosidad del CAE con la falta de recursos en educación inicial.
El fin de la “tómbola” en la admisión escolar
Otro de los anuncios destacados fue la presentación de un proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), apodado coloquialmente como la “tómbola” por el peso que tiene el azar en la asignación de vacantes.
“Cuatro de cada cinco postulantes no cumplen con ninguno de los criterios de prioridad y, por lo tanto, su asignación está efectivamente llevándose a cabo por su suerte”, explicó la ministra.
La propuesta busca incorporar criterios como el mérito académico, la distancia al establecimiento y la afinidad con el proyecto educativo de cada colegio. “Queremos avanzar hacia restablecer confianzas, generar los espacios para que los colegios también tengan una voz en el proceso de admisión”, añadió.
Escuelas Protegidas ante el Tribunal Constitucional
La ministra también defendió la Ley Escuelas Protegidas, cuestionada por parlamentarios de oposición, quienes presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por normas como la revisión de mochilas y la inhabilitación a la gratuidad para quienes cometan delitos graves.
“Hoy día la situación en la que estamos es de tal gravedad en términos de la violencia, de los delitos, narcotráfico, consumo de drogas, porte de armas al interior de establecimientos escolares, que todas estas medidas tienen una razón de ser”, sostuvo.
Sobre la pérdida de gratuidad por cinco años para quienes cometan delitos graves, Arzola aclaró que no se trata de expulsar a los jóvenes del sistema: “Eso no te está impidiendo a ti acceder a la educación superior; lo que te está diciendo es que no lo vas a poder hacer en virtud de este beneficio que se llama gratuidad”.
Pausa en la desmunicipalización
Finalmente, la ministra confirmó que el gobierno evalúa una pausa en el traspaso de colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con el fin de estudiar mejoras que los conviertan en gestores educativos eficaces y no solo en servicios administrativos.
