El informe de la Contraloría General de la República que detectó compras de terrenos con sobreprecio, incumplimiento de normas jurídicas y fallas de control en el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Carlos Montes encendió las alarmas en el Congreso. La bancada Republicana anunció que evaluará una acusación constitucional contra el ex ministro una vez que el ente fiscalizador y el propio Montes expongan ante la Comisión de Vivienda de la Cámara, instancia fijada para el martes 6 de mayo a las 17:30 horas.
El jefe de bancada, Benjamín Moreno, fue directo al comunicar la postura del partido: “Desde el Partido Republicano vamos a esperar la presentación de la Contraloría en la Comisión de Vivienda para evaluar si procedemos o no con una acusación constitucional en contra del exministro Montes”, dijo.
En esa línea, la diputada Macarena Santelices acotó que “no vamos a dudar ni un día en impulsar una Acusación Constitucional, si se confirma que el exministro Carlos Montes autorizó la compra de más de 200 hectáreas con sobreprecio para los damnificados de Valparaíso”.
Los detalles del informe
La controversia está relacionada con la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional del gobierno del expesidente Boric.
Según reveló la Contraloría, durante la gestión de Montes al frente del MINVU se habrían comprado más de 200 hectáreas a precios superiores a los de mercado, además de registrarse incumplimientos de normas jurídicas y fallas significativas en los mecanismos de control interno del ministerio.
La diputada Paz Charpentier, integrante de la Comisión de Vivienda, fue enfática en apuntar contra el titular del MINVU durante el Gobierno de Gabriel Boric.
“El exministro Carlos Montes jugó con el sueño de la casa propia de miles de familias chilenas. Y eso no es una opinión: es lo que revela el informe de la Contraloría General de la República”, sostuvo la legisladora que adelantó que, en función de lo que expongan tanto Dorothy Pérez como el propio Montes el 6 de mayo, la bancada resolverá si presenta la acción constitucional.
En la misma línea, el diputado Cristián Neira enmarcó la decisión en términos institucionales señalando que “nadie está por sobre la Ley y que el Estado de Derecho debe ser respetado y defendido por todos, sin excepciones. Nuestro deber constitucional es fiscalizar los actos del Gobierno, cualquiera sea su administración, y en este caso no será distinto”.
