Pasadas las 19:00 horas del martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja debió suspender por primera vez en el día la votación de indicaciones. ¿La razón? Los diputados debían marcar su asistencia a la sesión especial fijada para la tarde en que se consultaría a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por el plan contra el crimen que aún no es presentado. La interrupción fue una de las tantas que atravesó la comisión donde se aloja la megarreforma del presidente Kast y que el Gobierno busca despachar al Senado la próxima semana.
Y es que la sesión de Hacienda, comisión liderada por el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) vivió una jornada especialmente tensa. En la antesala, la oposición hizo ingreso de casi 1.300 indicaciones con el fin de retrasar la discusión, jugada reglamentaria que el Ejecutivo pudo sortear a último momento.
El camino hallado por el Gobierno fue similar al de la oposición: un resquicio reglamentario que permitió dejar sin efecto el millar de correcciones que buscaba introducir las bancadas de oposición.
Durante la tarde del lunes —y fuera de plazo— el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva; es decir, una nueva redacción para la reforma que busca modificar el sistema tributario actual. Lo llamativo fue que el nuevo texto presentado por el Gobierno, en la mayoría de los casos, dejaba la iniciativa prácticamente igual a su concepción original.
¿Para qué ingresar esa indicación? La respuesta la dio Romero a la hora de informar cómo se votarían las indicaciones: primero serían las indicaciones del Ejecutivo lo que dejaba sin efecto las correcciones presentadas por la oposición. Esto, ya que la legislación vigente indica que si una indicación del Ejecutivo es aprobada, todas las demás se toman por rechazadas.
La jugada de La Moneda ayudó a descomprimir en gran medida el “tsunami” de la oposición, aunque de todas maneras se debieron votar aquellas indicaciones que agregaron nuevos artículos al proyecto. La mayoría fueron declaradas inadmisibles por la secretaría de la comisión por ser de facultad del Ejecutivo y por la votación mayoritaria del oficialismo.
Gobierno se alista para la batalla en Sala
Con la amenaza del retraso ya superada —de momento— el Gobierno y en particular el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya tiene un ojo puesto en lo que se ha identificado como la primera “gran batalla” en el Congreso. Se trata de la votación del lunes de la idea de legislar.
Si todo sale como planea el Gobierno, y la iniciativa logra salir sin sobresaltos de las comisiones de Vivienda y Medio Ambiente (donde tiene mayoría), el proyecto debería aparecer en el primer o segundo punto de la tabla.
Con eso en mente, el Gobierno busca cerrar los votos necesarios para no dejar flancos al azar y no depender de la frágil mayoría que tiene al contar con los apoyos de los diputados Jaime Mulet (FRVS) y René Alinco (IND).
Para eso, los ministros de Interior, Claudio Alvarado y el Segpres, José García, trabajan en paralelo con la comisión de Hacienda para que el acuerdo con el PDG vuelva a flotar. Con esos 13 votos, el proyecto debería ser aprobado por amplia mayoría.
En La Moneda saben que si se aprueba la idea de legislar, ya es una victoria, ya que el curso legislativo puede seguir. En caso contrario, el Gobierno quedaría impedido en un año de presentar un proyecto de similares características.
Sin embargo, el presidente Kast ya transmitió a sus principales colaboradores —Quiroz, Alvarado y García— que su deseo no es solo que el proyecto sea aprobado en general la próxima semana, sino que quede despachado al Senado. Eso implica que sea aprobado en particular.
Según dicen voces del oficialismo, Kast tiene el deseo de presentar en la Cuenta Pública el avance del proyecto como el principal logro de su administración que lleva dos meses.
En ese sentido, el éxito en la Cámara también le significó un triunfo de cara a las fuerzas que respaldan a su Gobierno y que han mostrado dudas respecto a la gestión.
