El presidente José Antonio Kast reservó la aparición matutina de este jueves en Plaza de Armas para dar una señal clara: la seguridad, tras la agenda económica, será el nuevo centro de gravedad de su Gobierno, y el rostro de esa etapa será el ministro Martín Arrau.
El despliegue —con 60 funcionarios de Carabineros y 55 de la PDI copando el centro de Santiago, junto al alcalde Mario Desbordes— fue la puesta en escena de lo que Kast había anunciado la noche anterior en cadena nacional: la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional que el Ejecutivo espera tramitar antes de que acabe 2026.
El mandatario resumió la renovada urgencia por la seguridad con una frase breve: “Los tres ejes de este Gobierno son seguridad, economía y empleo”.
Entre las medidas centrales figuran la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, la creación del delito de pertenencia a una organización criminal, una agencia de decomiso de bienes, el endurecimiento de sanciones para quienes utilicen a menores de edad en actividades delictivas o bloqueen calles con barricadas, y la mantención del despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país.
Kast, en ese sentido, fue explícito en instruir a Arrau para que, junto al Congreso, saque adelante esa agenda “en el menor tiempo posible”.
Que sea Arrau quien encabece esta etapa no es casual. Llegó al Ministerio de Seguridad en mayo, tras la bullada salida de Trinidad Steinert, y desde entonces se ha consolidado como uno de los hombres de mayor confianza de Kast: fue su jefe de campaña en la segunda vuelta presidencial y militante republicano desde los tiempos de la Convención Constitucional, donde representó al distrito 19.
Su perfil —ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con paso como delegado presidencial e intendente de la región de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera— es valorado de forma transversal en el oficialismo, desde el Partido Republicano hasta Chile Vamos, por su desplante comunicacional y su capacidad de gestión.
Esa capacidad quedó a prueba apenas asumió. Con la instalación del ministerio todavía en entredicho tras el paso de Steinert, Arrau removió a los dos subsecretarios nombrados en marzo, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, y los reemplazó por Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, ambos cercanos al biministro Claudio Alvarado.
El movimiento, respaldado por Kast con lo que en su momento se describió como carta blanca para rearmar el ministerio a su gusto, le permitió a Arrau imprimir un sello propio antes de exponer su plan ante el Senado y la Cámara.
Arrau toma la posta de Quiroz
Según fuentes oficialistas, en el sector ven con buenos ojos que sea Arrau quien tome ahora la posta del protagonismo, en momentos en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pese a haber logrado el éxito legislativo de la megarreforma, acumula anticuerpos tanto en la oposición como dentro de la propia alianza de Gobierno.
El episodio más reciente ocurrió hace apenas dos días: el martes, Quiroz sostuvo un áspero cruce con diputados de la UDI —Flor Weisse, Marlene Pérez y Sergio Bobadilla— por el congelamiento de las concesiones para las rutas 160 y 150 en el Biobío, una decisión que paralizó una inversión de US$400 millones en la región.
Por lo pronto, el ministro de Hacienda dará un paso al costado del protagonismo político para concentrarse en lo que en su cartera definen como su segunda gran apuesta: la reforma al mercado de capitales, cuyo diseño encabeza el coordinador Eugenio Symon y que Hacienda proyecta ingresar al Congreso durante el segundo semestre.
La presión por los indultos
Con todo, Arrau hereda un terreno complicado. La presión de republicanos y libertarios por los indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social no ha hecho más que crecer, y el propio Kast eligió la cadena nacional de este miércoles para marginar cualquier proyecto de indulto general de su agenda.
Al descartar lo que llamó una “agenda valórica”, el Mandatario dejó fuera de sus tres ejes —seguridad, economía y empleo— la principal demanda de la derecha más dura, sin dar señales de que vaya a concretar pronto su facultad presidencial de indultar en forma individual, como prometió al asumir.
El mismo miércoles, un grupo transversal de senadores (sabiendo que Kast haría su anuncio pocas horas después) conformó en el Congreso la “bancada por el indulto general” integrada, entre otros, por los republicanos Cristián Vial, Rodolfo Carter e Ignacio Urrutia, la libertaria Vanessa Kaiser y los senadores de RN Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, mientras otros 60 diputados, incluidos oficialistas, libertarios y del PDG, enviaron una carta al Presidente pidiendo indultar a 13 funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
La expectativa en el sector republicano y libertario es que esa presión se intensifique a partir de la próxima semana, cuando la agenda legislativa vire de lleno hacia seguridad con la tramitación de la ACOT.
Ese es, precisamente, el tema que incomoda a la facción más liberal de Renovación Nacional y a Evópoli, partidos que cuentan con votos clave para frenar el proyecto de indulto general.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, ha calificado la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario como inadmisible por invadir una atribución exclusiva del presidente, mientras en RN el respaldo a la carta de los 60 diputados fue parcial: ni el jefe de bancada, Diego Schalper, ni la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, la firmaron.
Ese frente se proyecta como el principal escollo que deberá administrar Arrau: la presión de su propio sector —republicanos y libertarios— por avanzar en los indultos, y el desafío de no perder el control de una agenda de Gobierno que, hasta ahora, ha sido desestabilizada más de una vez por la derecha más dura.
