El presidente José Antonio Kast firmó esta mañana el proyecto de reforma constitucional para que la seguridad pública pase a ser un deber del Estado, en el marco del lanzamiento de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La ceremonia se realizó en el Palacio de La Moneda y en la oportunidad el mandatario planteó que “hoy no estamos firmando una declaración de buenas intenciones, estamos dando un paso decisivo frente a lo que es, sin duda, el desafío de nuestro tiempo en materia de seguridad: el combate al crimen organizado y el terrorismo“.
“El Ministerio Público en esto tiene un rol fundamental. Seguramente, va a ser consultado también por el Parlamento en qué materias ahondar, en cómo modernizar nuestra legislación para enfrentar este fenómeno nuevo, que no era parte de nuestra tradición“, añadió.
Kast, que envió de inmediato la iniciativa al Senado con suma urgencia, solicitó que su debate en el Congreso “sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda“.
Los ejes de la reforma constitucional de Kast
El presidente José Antonio Kast planteó que la reforma constitucional “no le pertenece a un gobierno, nos pertenece a todos. Chile nos pertenece a todos y por eso la invitación que le hago al Parlamento, a partir de la firma de este proyecto de reforma constitucional, para discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante porque es una urgencia total de nuestra nación“.
En concreto, el proyecto que envió esta jornada el mandatario al Congreso contempla cinco ejes fundamentales.
Se trata de:
- Consagra expresamente en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado.
- Crea un nuevo Estado de Excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales. Tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos.
- Se crea un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. El Estado, mediante decisión fundada del Ejecutivo y con control del Senado, podrá calificar a esa organización en base a criterios objetivos.
- Se establecen regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas.
- Se facilita la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
