Con la megarreforma recién despachada, el Gobierno reorientó esta semana su agenda legislativa hacia la seguridad. Kast formalizó este lunes en La Moneda el ingreso al Senado de la reforma constitucional que consagra la seguridad como deber del Estado, uno de los ejes de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa exige 29 votos en la Cámara Alta y en el oficialismo ya trabajan en una lista de posibles interlocutores-opositores para completar el quórum.
La ACOT contempla 31 proyectos de distinta índole —entre ellos el fortalecimiento del sistema carcelario, un registro de organizaciones criminales y terroristas, y sanciones por pertenencia a ellas— además de la reforma constitucional que ingresó este lunes con suma urgencia.
En la oposición, algunas de esas propuestas se recibieron con cierto grado de apertura. Otras anticipan un debate más duro, como el nuevo estado de excepción acotado para barrios capturados por el crimen organizado y la propia reforma constitucional, que contemplaría la pérdida de beneficios sociales para quienes cometan ciertos delitos.
Esta última es una fórmula similar a la que el Gobierno ya intentó en el Registro Único de Vándalos e Incivilidades y que debió frenar ante el riesgo de inconstitucionalidad, alerta que se encendió tras el fallo del Tribunal Constitucional por el proyecto de Escuelas Protegidas.
Comisión de seguridad: la puerta de entrada
Como se trata de un nuevo artículo que el Gobierno busca incorporar a la carta fundamental, se requiere en el Senado un quórum de 4/7 de los senadores en ejercicio: 29 votos.
El oficialismo cuenta hoy con 26 —23 propios más el respaldo esperado de Matías Walker (Demócratas), Miguel Ángel Calisto (independiente) y Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario)—, por lo que el Ejecutivo necesita sumar tres apoyos adicionales.
Por lo mismo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ya busca interlocutores que abran camino hacia la centroizquierda, y la comisión de Seguridad del Senado aparece como un punto de partida natural.
La integran, junto a su presidente, el senador independiente Karim Bianchi (IND), los senadores Pedro Araya (PPD), Juan Luis Castro (PS), Andrés Longton (RN) y Cristian Vial (independiente-Republicanos).
Araya, a contrapelo de su sector y de su partido, se ha mostrado abierto a construir entendimientos con La Moneda. En la última votación de la megarreforma —el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones—, fue el único senador opositor que votó junto al oficialismo. Y en La Moneda lo proyectan como un voto clave tanto en la comisión como en la sala, y como puerta de entrada hacia el resto de la centroizquierda.
Eso, en todo caso, no impidió que Araya cuestionara la necesidad de la reforma constitucional: “No vemos por dónde viene esta novedad que quiere presentar el Gobierno”, señaló en el lanzamiento de la ACOT junto con reparos al registro de organizaciones criminales.
El otro senador que es visto como clave es Bianchi, presidente de la comisión. El legislador por Magallanes es independiente y aunque su voto suele computarse como uno más de la oposición también se caracteriza por el camino en solitario.
El Gobierno ya lo sondeó como posible aliado al inicio de la tramitación de la megarreforma, sin que esas conversaciones prosperaran. Sin embargo, el cambio en la muñeca negociadora —de Jorge Quiroz a Martín Arrau— abre ahora una nueva posibilidad de acercamiento.
El propio Bianchi, eso sí, ya fijó postura sobre el punto más sensible de la reforma: calificó la enmienda constitucional como “absolutamente innecesaria en lo práctico” en entrevista con La Tercera.
De todas formas, el parlamentario ya anticipó una reunión con Arrau para esta semana con el fin de “ordenar” la discusión en la comisión.
El socialismo, con dos velocidades
En paralelo, en el Gobierno ya iniciaron contacto con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
La senadora fue invitada al lanzamiento de la agenda este lunes, invitación que declinó —según supo EL DÍNAMO— por coincidir con la reunión de presidentes de oposición donde se definió la estrategia frente al plan del Ejecutivo.
Vodanovic es vista como la carta más moderada e institucional del PS y como la figura de mayor peso de la oposición en el Senado. Por lo mismo, en La Moneda buscan un diálogo más fluido con ella después de que fracasara durante la megarreforma un entendimiento con la bancada socialista en el capítulo de invariabilidad tributaria, tras la disputa entre Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini.
Eso sí, la timonel socialista ya marcó distancia con uno de los ejes centrales de la ACOT: “Esto de poner una frase (en la Constitución) no va a cambiar la realidad”, dijo sobre la reforma constitucional, y pidió un “trabajo prelegislativo” que permita a la oposición “introducirle indicaciones” a los proyectos antes de que sean presentados.
El otro socialista que asoma como interlocutor es el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada e integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara.
Leiva es visto como un parlamentario técnico y especializado en la materia —fue sondeado en su momento como opción para asumir el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Gabriel Boric— y es identificado como uno de los diputados más alejados del estilo confrontacional de su compañero de bancada Daniel Manouchehri.
En el Gobierno apuestan a que sea uno de los puentes en la discusión.
Leiva, con todo, partió con reparos señalando que “ayer fuimos invitados a una mega agenda y no existe agenda (…) lo que hay es un mega relato”, dijo en radio Duna tras el anuncio, aunque remarcó que la bancada “partió con muy buena disposición”.
La cautela del PPD y los expertos de oposición
También fue invitado al lanzamiento el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, quien esta mañana transmitió una señal similar de apertura con matices. “Desde el PPD tenemos una predisposición positiva. En un tema tan relevante como la seguridad, más que oponernos, tenemos que contribuir a mejorar esas propuestas para llegar a consensos que le den tranquilidad a la ciudadanía”, afirmó.
Soto, en todo caso, pidió no apurar la tramitación. “Hay que tomarse el tiempo necesario para hacer buenas leyes, bajo el riesgo de que queden mal hechas”.
En la oposición, en todo caso, persisten los cuestionamientos a la forma en que el Gobierno ha buscado los votos hasta ahora, un método que dirigentes opositores han calificado como “pirquineo” y que rechaza las instancias formales de negociación.
Según pudo confirmar EL DÍNAMO, el Ejecutivo transmitió a la oposición que está dispuesto a establecer una mesa de expertos en la que la oposición pueda incorporar a sus propios técnicos y propuestas, un gesto que buscará ponerse a prueba en las próximas semanas, cuando la reforma comience su primer trámite en la comisión de Seguridad del Senado.
