En La Moneda existe hoy una sola certeza sobre la reforma constitucional en seguridad: si el proyecto se aprueba, no será en los términos con que el ministro Martín Arrau lo ingresó al Senado.
Los reparos técnicos, como lo dio a conocer EL DÍNAMO, surgieron apenas el presidente José Antonio Kast firmó simbólicamente el proyecto, el pasado lunes 10 de agosto, mientras el texto aún no ingresaba al Senado.
En esos días, mientras Arrau socializaba el borrador con los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras, fueron los equipos jurídicos de esas bancadas —principalmente de RN— los primeros en advertir errores de redacción y problemas de técnica legislativa.
El senador Andrés Longton, integrante de las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución del Senado y subjefe de la bancada de senadores RN, fue uno de los primeros en trasladar esas dudas al debate público.
Con el borrador ya circulando entre las bancadas, dijo a este medio que el diseño de la reforma debía ser “estricto, ojalá minimalista, que repercuta en una diferencia real para la ciudadanía y el Congreso, y que tenga una bajada legal coherente con eso”.
El proyecto ingresó finalmente al Senado el lunes 17 de agosto, ya recortado de once a siete modificaciones constitucionales tras las primeras presiones oficialistas. Sin embargo, los cambios introducidos por el Ejecutivo no bastaron y el proyecto —especialmente la figura del nuevo estado de excepción— terminó sin piso en su primera semana.
El golpe más duro al proyecto, en su idea original, llegó precisamente de la mano de Longton junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. La noche del miércoles 19, ambos anunciaron casi al unísono en redes sociales que impulsarían indicaciones para acotar el estado de excepción a 30 días, con acuerdo del Congreso “desde el primer momento”, y para eliminar la interceptación de comunicaciones del texto.
Fue el acuerdo Longton-Squella —que no fue informado a Arrau sino hasta el día siguiente— el que le dio un respiro a la reforma que hoy no se acerca ni remotamente a los 29 votos necesarios para pasar a su siguiente trámite legislativo.
En el oficialismo destacan que dicha indicación despeja el camino para sumar a la UDI, RN y Evópoli al esfuerzo de que el proyecto salga adelante y, además, abre la puerta a negociar con sectores más moderados (como Matías Walker o el PPD) para intentar persuadirlos.
En todo caso, esa no ha sido la única gestión que RN ha encabezado en busca de “salvar” la reforma de Arrau.
Ese mismo miércoles, y sin que los diputados tuvieran aún injerencia formal en la tramitación —el proyecto recién completa su primer trámite en el Senado—, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, envío de ocho indicaciones a Arrau y al ministro de la Segpres, José García, además de a los propios Longton y Squella, para corregir aspectos del proyecto.
“Nuestra tarea no es hacer comentarios, sino que es hacer indicaciones”, dijo Schalper, quien pidió a sus pares oficialistas encausar las críticas por esa vía antes que por la prensa.
RN, además, formalizó un encuentro de sus parlamentarios —convocados por la propia directiva— con los abogados constitucionalistas Marisol Peña, Juan José Ossa y Teodoro Ribera para revisar los alcances del proyecto y, eventualmente, seguir proponiendo mejoras.
“Desde RN hemos querido darle rigurosidad a esta discusión convocando a un grupo de connotados constitucionalistas”, explicó Longton tras el encuentro.
Esa misma jornada, el senador se reunió con Arrau y salió a entregar su respaldo al ministro en medio de los cuestionamientos en filas propias. “Me voy con una muy buena impresión del ministro y su equipo, porque hay disposición a hacer cambios y que la reforma no salga como entró”, declaró.
Arrau, por su parte, transmitió a la UDI y RN que su intención es convocar a una mesa técnica y política a los partidos del oficialismo para afinar la reforma y así lograr una postura común.
