El 22 de septiembre, en Nueva York, el Presidente Kast anunció que Chile se sumaba al Escudo de las Américas, la coordinación contra el crimen organizado que impulsa Estados Unidos. Desde entonces, la decisión no ha dejado de perder apoyo: según la encuesta Criteria publicada el 4 de octubre, entre quienes saben de ella un 31% la respalda y un 47% la rechaza. Y no es por su contenido.
El contenido es popular. Tres días después del anuncio, Cadem preguntó por once medidas del Escudo: un 86% ve bien colaborar para restringir el ingreso de integrantes de organizaciones criminales, y ninguna medida tiene más rechazo que apoyo.
Entonces, ¿por qué la ciudadanía no apoya que Chile se sume al Escudo?
Alguien dirá que faltó explicar. No fue así: el Presidente explicó el mismo día del anuncio y la Cancillería publicó su comunicado. El problema no fue la explicación. Fue que, antes de darla, otros ya le habían puesto una etiqueta al Escudo: “subordinación a Estados Unidos”.
La etiqueta llegó antes que el producto.
El 3 de septiembre, casi tres semanas antes del anuncio, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, dijo en un foro en Santiago que la “Doctrina Donroe” —la Doctrina Monroe en versión Trump— “se vuelve algo muy fácil” con administraciones como la del Presidente Kast. En la misma intervención presentó el Escudo como un programa para ayudar a Chile contra el crimen organizado.
No lo dijo un opositor. Lo dijo el aliado.
Cinco días más tarde, la Cámara aprobó —57 votos contra 49— interpelar al canciller, entre otras razones, por la supuesta injerencia de Estados Unidos en la política exterior. Desde entonces, cualquier acuerdo con Washington iba a leerse con esa etiqueta. No hacía falta ningún instrumento para saberlo: estaba en los diarios y en el acta de la Cámara.
El Gobierno tomó distancia a medias. El canciller dijo no saber “qué significa que Chile acepte la política Donroe” y defendió la cooperación contra el crimen organizado. No sirvió: lo que quedó en discusión no fue la cooperación, sino si Chile se subordina a la política exterior de Estados Unidos y, en último término, a Trump.
Una etiqueta que llega primero no compite con la explicación, con lo racional, con lo pragmático: los reemplaza. Desde ese momento, la gente deja de evaluar medidas y empieza a evaluar un concepto. En la misma encuesta en que todas las medidas resultan aprobadas, un 52% de los consultados —todos, no solo los informados— cree que sumarse al Escudo es subordinarse a Estados Unidos.
Cuando el anuncio llegó, la oposición no necesitó construir un argumento: le bastó usar la etiqueta que ya estaba puesta. “Un acto de sumisión”, dijo el Frente Amplio. Dos días después, los expresidentes Bachelet y Boric advirtieron contra “subordinar” la política exterior “a prioridades definidas por una potencia extranjera”.
Al Gobierno ya no le quedaba explicar. Solo desmentir. “Aquí no hay un tratado”. “Aquí no estamos hablando de operaciones militares”. “No hay subordinación”. Tres desmentidos en dos días, todos con el vocabulario de los críticos y todos manteniendo el tema en pauta.
Desmentir no es desactivar. Es repetir.
Hay que conceder lo que es cierto. La etiqueta no salió de la nada: la declaración conjunta que difundió el Departamento de Estado incluye minerales críticos e infraestructura digital que el comunicado de la Cancillería no mencionó. Quizás ninguna gestión habría borrado del todo la sospecha frente a una iniciativa que encabeza Trump. Pero una cosa es cargar con una sospecha. Otra, muy distinta, es regalarle la prueba. La oposición ya la tomó: el 4 de octubre, Boric sostuvo que el Escudo “no se trata principalmente” de combatir el narcotráfico, sino de las cadenas de suministro de minerales críticos.
Lo que ocurrió, en el fondo, es simple: el Gobierno tenía una buena decisión y desestimó la etiqueta que ya traía puesta.
Entre la frase del embajador y Nueva York hubo 19 días. Alcanzaban para responderle en público que la política exterior de Chile no es doctrina de nadie; para llevar al Congreso el texto completo —lo de seguridad y lo demás—; y para sumar respaldos fuera del oficialismo. Ninguna de esas cosas tiene que ver con explicar mejor. Son decisiones políticas.
El costo es doble. El Gobierno abre otro flanco en su momento de menor apoyo. Y una herramienta contra el crimen organizado, que la mayoría respalda medida por medida, queda bajo sospecha.
Esta vez, la etiqueta llegó antes y pesó más.
