Después de dos semanas en que la reforma constitucional de seguridad concentró críticas dentro del oficialismo y dejó al Gobierno sin garantías de contar con los votos necesarios en el Senado, La Moneda apunta a aprovechar esta semana distrital —sin sesiones en el Congreso— para reordenar su estrategia.
La idea es instalar la mesa técnica que el ministro Martín Arrau comprometió con los partidos oficialistas y proyectar, para la próxima semana, el avance de otros proyectos de la agenda contra el crimen organizado.
La jornada de este lunes concentró parte de ese reordenamiento. La diputada Constanza Hube y el senador Javier Macaya, interlocutores de la UDI ante el Ejecutivo en esta materia, se reunieron con Arrau para revisar el estado del proyecto. En paralelo, los presidentes de los partidos oficialistas sostuvieron un encuentro con el presidente José Antonio Kast, en el que la agenda de seguridad volvió a tratarse.
El ministro de Seguridad sumó a su itinerario un tercer encuentro a las 11:00 horas, cuando se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para fijar el cronograma legislativo de las próximas semanas y definir qué iniciativas tendrán prioridad.
Desde el Ejecutivo aseguran que la estrategia busca trasladar el foco desde la discusión constitucional hacia proyectos que ya están en tramitación, entre ellos las Reglas de Uso de la Fuerza y la llamada ley antibarricadas 2.0.
Y si bien sobre la urgencia de la reforma constitucional, el Gobierno todavía no toma una decisión definitiva, existe un consenso amplio en La Moneda y el oficialismo en que es necesario cambiar la “suma urgencia” con que el proyecto entró a la Cámara Alta.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, adelantó el fin de semana en Estado Nacional que el Ejecutivo evalúa retirar la urgencia “para tener una amplia discusión”, mientras el biministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó una fórmula distinta, la de “ir graduando las urgencias en función del objetivo final”.
En todo caso, ambas declaraciones apuntan en la misma dirección que es destrabar la negociación que aún no está del todo cerrada. Sobre todo, al considerar que el mensaje del oficialismo a La Moneda ha sido pedir una segunda mirada al proyecto constitucional, sin detener el resto del paquete de seguridad.
Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Hube sostuvo que “no creo que haya que bajar el ritmo de la agenda de seguridad. Al contrario, hay una serie de proyectos que generan amplios consensos y que tenemos que sacar adelante con la mayor rapidez posible. Otra cosa distinta es la reforma constitucional, donde desde el comienzo hemos dicho que los cambios a la Constitución tienen que ser mirados con mucha rigurosidad”.
Y acotó: “Si existen normas que requieren mayor discusión para construir los acuerdos necesarios, hay que darse ese espacio. La reforma constitucional no debiera transformarse en el ícono ni condicionar el avance de una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que es mucho más amplia y robusta. Podemos avanzar rápidamente en aquellos proyectos donde existen acuerdos y, paralelamente, hacer bien la discusión constitucional”.
En la misma línea se manifestó el senador Gustavo Sanhueza (UDI), “es una buena señal del Gobierno (cambiar la urgencia), ya que significa que consideraron las advertencias provenientes desde el oficialismo y que están dispuestos a escuchar. Faltó conversación y trabajo prelegislativo para el diseño de esta propuesta, porque está claro que requiere de modificaciones en varios aspectos importantes y por eso surgieron tantos reparos cuando se presentó”.
“Esperamos que al bajar la urgencia se den las condiciones para discutir y generar acuerdos. La UDI apoya la agenda de seguridad del Gobierno, pero en esta propuesta en particular creemos que si bien se debe castigar el crimen organizado con fuerza no hay que descuidar el tema de la humanidad, por lo que habría que hacer una revisión en esa parte. En tanto, también creemos que el estado de excepción debe ser lo más acotado posible”, acotó el senador.
El reparo sobre “la humanidad” que menciona Sanhueza no es aislado. El propio Macaya ha planteado en público la necesidad de diferenciar entre restringir determinados beneficios a condenados por crimen organizado y afectar prestaciones esenciales, una distinción que la UDI busca zanjar en la mesa técnica antes de que la discusión se retome en el Senado.
Con la semana distrital como ventana, el itinerario para los próximos días quedará marcado por dos frentes: la definición del cronograma legislativo que negocian Bianchi y Arrau, y el resultado de la mesa técnica de Chile Vamos.
A ello se suma una reunión de Arrau con el senador Matías Walker, uno de los votos oficialistas que anunció su rechazo a la idea de legislar. También se espera un acercamiento desde el Ejecutivo con la senadora libertaria, Vanessa Kaiser.
