El lunes 10 de agosto, el presidente José Antonio Kast firmó en el Patio de las Camelias de La Moneda el proyecto de reforma constitucional en seguridad, iniciativa que fue presentada para dar vida a una de las principales promesas de campaña: endurecer la mano contra el crimen organizado.
Bajo el paraguas de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la reforma fue pensada como el corazón del nuevo esfuerzo legislativo del Ejecutivo tras la megarreforma. Lo que no estaba listo, según fuentes oficialistas, era la redacción final del texto.
Ese detalle, menor en apariencia, terminó marcando la primera semana de discusión en torno a la iniciativa y, con ella, la prueba de fuego del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
De la gestión al traspié
Arrau llegó a la cartera en mayo, tras la salida de Trinidad Steinert, removida por Kast luego de 69 días marcados por cuestionamientos. El nuevo ministro llegó con expectativas altas: ingeniero civil, delegado presidencial de la Región de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y jefe de campaña de Kast en la segunda vuelta presidencial, se le identificaba como un gestor institucional con hoja de ruta clara.
Sus primeras semanas parecieron confirmarlo. Mejoró la comunicación respecto de los operativos policiales, se reunió con el exministro Luis Cordero para dar una señal de continuidad y zanjó una polémica que heredó de Steinert al confirmar que el Gobierno operaría bajo la actual Política Nacional de Seguridad Pública, promulgada durante la administración de Gabriel Boric. También recompuso la relación con las policías —en particular con la PDI—, deteriorada durante la gestión de su antecesora.
El diagnóstico cambió hace dos semanas. En el oficialismo se identifica la firma del 10 de agosto como el origen de una seguidilla de traspiés que ha empañado el arranque de la discusión de la agenda de seguridad, un debate que se anticipa extenso y con menos garantías de éxito que la megarreforma tributaria ya despachada.
El primer error, consideran fuentes oficialistas, fue apurar la puesta en escena de la firma presidencial.
Aunque la responsabilidad de esa decisión se atribuye al equipo de comunicaciones de Presidencia, el efecto fue que Arrau tuvo menos margen para afinar detalles que, una vez socializado el texto con las bancadas oficialistas, resultaron ser diferencias de fondo.
El primer borrador generó críticas de RN y la UDI no solo por su contenido, sino a nivel básico de redacción: frases mal construidas y errores en numerales y referencias cruzadas.
Arrau junto a su equipo corrigió y morigeró el texto en los días siguientes —el Ejecutivo terminó reduciendo de 11 a 8 las modificaciones constitucionales originalmente contempladas—, pero mantuvo las matrices centrales: un estado de excepción con amplias facultades presidenciales y una extensión de 120 días prolongable por el mismo periodo; un registro de organizaciones de crimen organizado que el presidente podrá declarar con acuerdo del Senado; y restricciones a derechos sociales para condenados.
En Chile Vamos se evitó abrir un flanco de críticas destempladas contra el ministro, pero el proyecto resintió igual.
En la interna se comentó que Martín Arrau “tiró el tejo pasado” y que la iniciativa tenía un marcado “ADN republicano”. Molestó, además, que los ministros Claudio Alvarado y José García —junto a sus equipos— no tuvieran injerencia en la redacción. De hecho, se acusa a Arrau de haber encapsulado la agenda en su propio ministerio, cuando el éxito de una reforma de este calibre requiere a la dupla política de La Moneda.
A ese malestar se sumó un diagnóstico negativo sobre cómo se ha llevado adelante la agenda de seguridad en estas primeras semanas. La reforma constitucional acaparó casi por completo la agenda mediática del Gobierno, pese a que el esfuerzo del Ejecutivo está puesto en más de una treintena de proyectos de seguridad.
El mandato desde La Moneda, al retorno de la semana distrital, apunta a congelar la discusión pública de la reforma y dar relevancia a las otras iniciativas que se vayan aprobando y promulgando en las próximas semanas.
Las primeras dudas sobre el estilo Arrau
En todo caso, más allá del contenido del proyecto, en el oficialismo comenzó a cuestionarse la conducción política de Arrau a partir de dos episodios.
El primero, es que haya trascendido la posibilidad de que la reforma fuera sometida a plebiscito en caso de no reunir los votos necesarios en el Congreso. Aunque el ministro lo desmintió, fuentes oficialistas indicaron a EL DÍNAMO que la posibilidad se sugirió desde el propio ministerio, en particular desde la subsecretaría de Seguridad que encabeza María del Pilar Giannini Bravo.
La versión generó molestia porque la Constitución no contempla esa facultad para este escenario; solo otra reforma constitucional podría habilitarla. Por lo demás, el Gobierno, a través de los ministros Alvarado y García, se vio obligado a desmentir públicamente que la idea proviniera del Ejecutivo.
El segundo episodio tuvo mayor impacto en la imagen de Arrau. Se trata del acuerdo entre los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN) para presentar indicaciones que acorten a 30 días el estado de excepción —con control inmediato del Congreso desde el primer momento— y que excluyan la interceptación de comunicaciones del texto.
Arrau fue advertido con antelación por ambos parlamentarios, pero estos se adelantaron con el anuncio sin darle margen real de intervención sobre el fondo. Según Longton, tras una reunión con el ministro, este se mostró abierto a los cambios; Arrau, sin embargo, insistió después en mantener la atribución de interceptación de comunicaciones. Lo que quedó, en todo caso, fue un ministro al margen de una negociación dentro de su propio sector, al que sólo le restó sumarse.
La ronda de emergencia
La presión no vino solo del Congreso. La encuesta Cadem conocida esta semana mostró que un 58% de los consultados rechaza que el nuevo estado de excepción pueda ser decretado únicamente por el presidente, cifra que baja a 46% de rechazo si la medida requiere acuerdo del Congreso.
Con ese escenario, Arrau sostuvo el jueves 20 de agosto una ronda de reuniones de emergencia con parlamentarios de RN y la UDI. Según fuentes presentes en los encuentros, el ministro se mostró disponible para modificar sustancialmente el proyecto: abrió la puerta a acortar los plazos del estado de excepción y a excluir las prestaciones de salud de las restricciones que se aplicarían a condenados por crimen organizado, uno de los puntos a los que se había opuesto la ministra de Salud, May Chomalí.
Arrau se comprometió, además, a instalar una mesa técnico-política exclusiva para el oficialismo, con representantes de los partidos, para zanjar las diferencias antes de que el proyecto avance en el Senado.
En La Moneda, de todos modos, desdramatizan la situación. Sostienen que la discusión recién comienza y que la capacidad política de Arrau podrá evaluarse propiamente cuando el proyecto llegue a la discusión en particular en la Comisión de Seguridad y en la Sala del Senado.
En ambas instancias —al igual que en la Comisión de Constitución, que también revisará el articulado junto a la de Defensa— el oficialismo está en minoría, al menos en esta oportunidad.
