Tres diputados de la oposición informaron este miércoles que le solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que tenga por interpuesta una denuncia criminal por el delito del acceso irregular al Sistema de Inteligencia del Estado, tras los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre el 18-O.
Así lo manifestaron los parlamentarios Daniela Serrano (PC), Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), tras apuntar al delito establecido y sancionado en el artículo 44 de la Ley 19.974 sobre dicho sistema.
Aquello, en referencia a las declaraciones del diplomático en cuanto a que “en 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice, es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda“.
Al ahondar en el tema, planteó que “cuando nuestras agencias de inteligencia analizan, no digo que hayan venido a Chile para hacerlo, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron (…) Tenemos un análisis específico que se realizó“.
En la oportunidad, el embajador norteamericano apuntó que dicha información la recopilaron fuerzas policiales y de agencias de inteligencia estadounidenses y chilenas.
Los argumentos tras la denuncia por dichos de Judd del 18-O
De acuerdo con lo argumentado en la denuncia de los parlamentarios por los dichos de Judd sobre el 18-O, “se desprende que la inteligencia estadounidense accedió a información proporcionada por funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia regulado en la ley 19.974“.
Plantearon, además, que en el artículo 38 de la ley mencionada se establece el carácter secreto de “los datos, antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con estos”.
Recordaron que las sanciones por la violación del secreto incluyen penas de presidio menor en su grado máximo y, si se trata de un funcionario de organismos o servicios integrantes o colaboradores de inteligencia, de un ministro de Estado, subsecretario, senador, diputado, ministro de la Corte Suprema o trabajador del Congreso Nacional o el Poder Judicial, la pena es desde presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo.
A lo anterior se suma la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, según apuntaron los parlamentarios.
La cita de Judd en la Cancillería
Este miércoles, tras tomar parte en una reunión solicitada por la Cancillería, Judd aclaró que sus afirmaciones se fundamentaron “en los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, así como en la información de su policía y sus académicos“.
“A partir de esa información y tras su revisión, se determinó que, efectivamente, esto fue perpetrado por grupos de izquierda. No tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados. Reitero: fue un análisis realizado con base en información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía; de ahí provino la información”, añadió.
Detalló a la vez que la Embajada de Estados Unidos no tiene una investigación ni documentos relacionados a los sucesos de 2019. “No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados“, cerró.
