Por Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting
El impacto de esta industria va mucho más allá de las macro cifras. Y es que, por cada dólar que genera la gran minería, el Estado y la sociedad capturan aproximadamente cuatro dólares a través de impuestos, royalty y encadenamiento productivo asociado. En este contexto, la cartera de inversión proyectada para el período 2025-2034 alcanza más de US$104 mil millones, reflejando un salto significativo respecto a años anteriores y dando cuenta de una industria que busca aumentar producción.
Sin embargo, una distinción clave es que no toda esta inversión está asegurada. De hecho, una parte relevante de la cartera aún enfrenta incertidumbres. Si bien cerca del 40% corresponde a proyectos en ejecución o con alta probabilidad de concretarse, otro 40% se clasifica como potencial, es decir, iniciativas cuya materialización dependerá de factores críticos como permisos ambientales, avances en ingeniería, financiamiento y condiciones de mercado. Esto implica que el desafío no es solo atraer inversión, sino lograr que efectivamente se ejecute.
Ya comienzan a visibilizarse en proyectos concretos. Iniciativas como la nueva concentradora de Escondida, con una inversión cercana a los US$5.000 millones, o la expansión de El Abra (US$7.500 millones), anticipan empleos, dinamismo regional y mayor actividad económica, especialmente en zonas como Antofagasta. Estas inversiones no solo tienen un impacto inmediato, sino que también permiten sostener la producción futura en un contexto de yacimientos más complejos y menores leyes.
No obstante, la materialización efectiva de esta cartera enfrenta un desafío estructural adicional: su distribución en el tiempo. Una proporción significativa de la inversión proyectada se concentra hacia el final de la década, lo que refleja que muchos proyectos aún están en etapas tempranas y requieren avanzar en permisos, definiciones técnicas e infraestructura habilitante para concretarse . En otras palabras, el potencial está, pero su ejecución dependerá de decisiones que se tomen hoy.
A esto se suma un rasgo relevante del nuevo ciclo: la mayor parte de las inversiones se concentra en proyectos de expansión y reposición -más del 80% del total-, lo que evidencia una estrategia de la industria enfocada en asegurar continuidad operacional y maximizar activos existentes, más que en desarrollar nuevos yacimientos desde cero. Este enfoque reduce riesgos, pero también limita la expansión acelerada de la producción.
En este escenario, el rol del Estado es clave. Compatibilizar altos estándares ambientales con procesos más ágiles no es solo deseable, sino imprescindible. No se trata de relajar exigencias, sino de mejorar la gestión: mayor coordinación entre servicios, trazabilidad digital y plazos razonables que permitan reducir la incertidumbre. La evidencia muestra que gran parte de la cartera depende justamente de estos factores para avanzar.
Chile enfrenta hoy una oportunidad clara: consolidar un nuevo ciclo de crecimiento minero que no solo incremente la producción, sino que también genere bienestar para el país. Pero esa oportunidad no está garantizada. La diferencia entre un ciclo prometedor y uno efectivo estará en la capacidad de materializar las inversiones.
Porque, en definitiva, en minería no basta con anunciar proyectos: lo que realmente transforma a un país es ejecutarlos y eso es lo que deberá suceder en los próximos años.
