La cifra refleja expulsiones y cancelaciones de matrículas, y en su mayoría correspondió a establecimientos educacionales particulares subvencionados.
Redacción EL DÍNAMO
El 49% de estos ocurrió por agresiones de estudiantes a sus compañeros y un 14% por violencia contra docentes.
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Destacó que el deseo del Gobierno es que no hayan "más profesores agredidos", ni "más alumnos teniendo que perder clases por situaciones de violencia".
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Desde la FIDE afirman que “si el Estado no financia los colegios privados, entonces no debiera inmiscuirse de la forma como lo está haciendo"
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El gremialista aseguró que “perdieron aquellos que querían bloquear el proyecto, perdieron aquellos que decían que no era necesario".
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Además, el titular de la Segpres añadió que “es muy valioso que eso se haya hecho con acuerdo, un acuerdo transversal, un consenso amplio, prácticamente unánime".
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La titular de Educación, en todo caso, insistió en el "proceso de expulsión a alumno" y que sea separado del establecimiento mientras dura el proceso.
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El senador fue uno de los más críticos ayer, incluso acusó una operación política del Gobierno para presionar a la opinión pública e impulsar de esa manera la aprobación del proyecto.
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Y es que si bien se repuso la figura de la expulsión, ésta solo será una facultad de los directores de los establecimientos y no como una obligación.
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Además, los reglamentos internos de los establecimientos tendrán que definir como faltas graves el daño a la integridad física y psíquica, las agresiones sexuales y el porte de armas.
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