Los parlamentarios Sergio Aguiló y Fidel Espinoza, se encuentran en la zona con el objeto de conocer y constatar en terreno las denuncias de violencia y violación de los derechos humanos.
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"Espero que llamen pronto a las otras personas que se ha tenido conocimiento de que han pasado por situaciones similares", declaró la afectada.
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La situación se habría producido por unos 7 meses, señala la afectada, quien asegura que existen otros casos que nunca salieron a la luz pública.
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Las justificaciones de los diputados que votaron a favor de la derogación de la norma, son rechazadas tanto desde la oposición como desde el oficialismo. Acusan la presencia de lobby y anuncian envió de la ley a la OPS.
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El ministro de Educación, Harald Beyer destacó que el proyecto "permite asegurarle a los jóvenes una reducción en la cuota que están pagando, entre 32 y 40 por ciento, dependiendo del crédito que contrataron, y al mismo tiempo permite asegurarles que a futuro no les vamos a cobrar más del 10 por ciento de sus ingresos".
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El diputado también se refirió a los pactos electorales para enfrentar las municipales, señalando que si RN sigue así, "con gente de izquierda tendrá que negociar sus cupos".
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Esto tras las declaraciones de Patricio Hales, quien lo calificó como "el gran y permanente defensor del agente de la CNI Manuel Provis Carrasco". Las bancadas oficialistas solicitarán que el parlamentario del PPD, pase a la Comisión de Ética de la Cámara.
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Al inicio de la sesión, el parlamentario hizo uso del artículo 34 del reglamento de la corporación para responder a las declaraciones que lo han involucrado en este caso, situación en la que además ha denunciado un presunto montaje y una supuesta persecución encabezada por el Ministerio del Interior.
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El legislador indicó que si bien la iniciativa prohíbe fumar en lugares cerrados públicos, se fijan excepciones a la norma que permiten fumar en aquellos locales que cuenten con espacios abiertos o terrazas.
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Además de prohibir fumar en espacios cerrados, el proyecto restringe la publicidad de los cigarrillos y deja en manos de las Secretarías regionales ministeriales de Salud (seremis) la fiscalización en estos casos.
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