En la intersección de Santa Mónica con Maturana, centro de Santiago, se detuvo a un menor de 17 años, identificado con las iniciales G.A.V.M, quien es acusado de lanzar el artefacto incendiario.
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Los casos documentados por el INDH dan cuenta de agresiones graves y tratos vejatorios y crueles respecto de sujetos especialmente vulnerables como personas con indígenas, indigentes con discapacidad mental; niñas, niños y mujeres y personas privadas de libertad.
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"Tuvimos que pedir cooperación de FF.EE. puesto que al ingresar ya Carabineros al parque, estos jóvenes habían incendiado 15 quinchos para asados, que quedaron completamente quemados", indicó la mayor Marcela González.
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Uno de los ex imputados, un camionero boliviano de 35 años identificado como M.R.C., relató en la audiencia las irregularidades en el control de su ingreso al país y en su detención, así como una supuesta oferta posterior, de parte de efectivos del OS-7 de Arica, de entrar un cargamento de 1.000 kilos de droga.
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El mayor V.R.H., quien se encuentra en prisión preventiva, señaló en una carta a sus padres que "yo no he cometido ningún delito. Siempre hemos actuado bajo la ley y los reglamentos de Carabineros".
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Esta situación ha hecho que al menos siete imputados por delitos de narcotráfico sean liberados tras detectarse irregularidades en los operativos del OS-7, donde se utilizaron informantes no autorizados.
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La Fiscalía Centro Norte pidió cinco años de presidio, pero la magistrada tomó en cuenta la irreprochable conducta anterior de Io Giuria y su colaboración con la causa, al reconocer su participación.
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El parlamentario PS agregó que "los antecedentes que se han hecho públicos recientemente, generalmente son un escándalo en relación al OS-7 y el tráfico".
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La institución investiga los motivos por el cual el cabo primero Guillermo Muñoz Ramírez se quitó la vida en su domicilio ubicado en calle Lo Cruzat, en la comuna de Quilicura.
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La Fuerza Aérea continúa a las ordenes del Comandante en Jefe General del Aire, Jorge Rojas Ávila. Similar a lo que ocurre en la policía uniformada, con la permanencia en el cargo de Gustavo González Jure como general director.
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