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Quiroz pisa sobre huevos: Presupuesto y acuerdo con camioneros exigen la caja y la agenda del ministro

Tras el acuerdo con los camioneros, que congela el precio de los combustibles hasta abril, el ministro de Hacienda afronta un nuevo desafío: cuadrar la caja, responder a las demandas en Educación y pensiones y negociar en un Senado donde la mayoría es estrecha.

Era “un costo asumible”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el 12 de noviembre sobre el acuerdo con los camioneros que contempla un costo fiscal que podría oscilar entre los US$500 millones hasta cerca de US$900 millones según los cálculos del Gobierno. El monto, no sólo supone un esfuerzo para las arcas fiscales, sino también un nuevo desafío para el ministro que intenta cuadrar la caja con el Presupuesto discutiéndose en el Senado.

El desafío de Quiroz tiene dos caras: cerrar los números tras ese acuerdo y reunir los votos para un proyecto que salió de la Cámara con siete partidas rechazadas, cinco de ellas por empate o por un solo voto, y sin la autorización de endeudamiento. 

De momento, el ministro ya se anotó un triunfo en el Senado. Esta semana Quiroz sacó adelante las partidas de Presidencia, Congreso Nacional, Poder Judicial y los ministerios de Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores, Deportes y Segpres. Esta última había sido rechazada por los diputados, por lo que su aprobación en la Cámara Alta fue especialmente celebrada por Hacienda y la Dipres.

De todos modos, el acuerdo con el gremio de transportistas llegó en el peor momento posible para Jorge Quiroz. 

El proyecto enviado por el Ejecutivo y despachado por el Congreso en tiempo récord revierte las alzas de $39 en las gasolinas y $42 en el diésel, y suma una rebaja de $100 por litro de diésel congelando los precios hasta el 7 de abril de 2027. 

El mensaje presidencial estimó su costo en US$547 millones; el informe financiero lo eleva a US$820 millones. Y el golpe cae sobre el año que el Presupuesto debe financiar: según el desglose de ese informe, cerca de 64% del gasto corresponde a 2027.

Hacienda dice que se financiará con venta de activos del Tesoro, y el secretario de Estado sostiene que es compatible con la meta de reducir el déficit estructural de 2,6% del PIB este año a 1,8% en 2027. 

Fuentes del Ministerio agregan que, aun con el acuerdo, el alza de marzo dejó un saldo favorable al Fisco de unos US$1.000 millones, frente a los cerca de US$4.000 millones que habría costado mantener el Mepco tradicional. Sin embargo, el gasto del MEPCO ya sumaba US$1.400 millones al 5 de noviembre, según el mensaje presidencial.

Presupuesto también queda exigido

En ese escenario fiscal, dos demandas que se enmarcan en la Ley de Presupuesto implican una presión extra a la ya exigida caja fiscal. 

La primera es Educación. El ministro confirmó el 2 de octubre que Yo Elijo Mi PC quedaba sin recursos y el 11 de noviembre dijo que “hemos escuchado la preocupación” y que lo repondría. Sin embargo, el Ejecutivo no repuso los recursos en el trámite del Senado ya que aún no define si es que modificará el programa (se especula con prestar computadores) o simplemente reducir el beneficio. 

Ambas opciones, despiertan reparos no sólo en la oposición. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) ha sido uno de los defensores más acérrimos del programa y publicó un video celebrando haber llegado a un acuerdo con Quiroz para “recuperar los computadores para los niños”. Sin embargo, el ministro aún no da claridades acerca de la glosa referida a la beca TICS. 

Todo esto ocurre con una mayoría estrecha en el Senado. La base oficialista suma 25 votos, y 27 con los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. 

A eso se sumó la gira del presidente Kast por Asia, que termina el sábado 21 y a la que viajaron cinco senadores: tres oficialistas (Keitel, Longton y Trisotti) y dos opositores (Espinoza y Órdenes).

Amenazas de la oposición

El segundo frente en suspenso es el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Hacienda sostenía que el primer aporte correspondía a 2028; pero la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría, en su dictamen del 11 de noviembre, dijeron que a 2027. 

Frente a esa discrepancia, los senadores Daniel Núñez (PC), Diego Ibáñez (FA) y Daniella Cicardini (PS) advirtieron que podrían acusar constitucionalmente al ministro, aunque ninguno de ellos tiene facultad para presentar un libelo al ser un recurso reservado solo para diputados, mientras que los senadores actúan como jurados.

La interpelación, en cambio, sí tiene quien la impulse: el PPD la anunció este miércoles por la situación económica y laboral del país, y su presidente, Raúl Soto, habló de “una crisis de empleo”. Eso sí, requiere el respaldo de al menos un tercio de los diputados en ejercicio, y hasta ahora solo la bancada del PPD ha anunciado su adhesión.

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