Esto ocurre luego de que Contraloría dictaminara que los funcionarios de Gendarmería podrán jubilarse con una pensión máxima de $1.524.000.
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En la comisión investigadora de este caso se indicó que el trazado eléctrico del proyecto Cardones-Polpaico pasa por terrenos que pertenecerían a familiares del ministro de Energía. Éste especifica que los únicos terrenos de los que tiene noticia que pertenecieron a cercanos suyos fueron expropiados bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva.
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La intención del abogado que envió el oficio apunta a establecer responsabilidades administrativas -las que estarían radicadas en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)- para así lograr reparar en parte el monto por el que algunas víctimas aseguran haber sido estafadas. Esto podría posiblemente realizarse a través de una demanda al Estado.
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La intención de la rama castrense de vender un terreno fiscal para evitar que la Municipalidad de Victoria hiciera uso de parte de él, encendió las alarmas en Contraloría, la cual pide que la propiedad en cuestión vuelva a poder de Bienes Nacionales.
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Sin embargo, Jorge Bermúdez precisó que no podrán investigar las cuentas del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
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El alcalde Fernando San Róman apuntó que tras la decisión de la Contraloría "hay un intento de amedrentamiento, un ‘no se metan en esto’, y siento que tiene que ver con que hay muchas instituciones en Chile que han estado históricamente al servicio del sistema que gobierna el país y que tiene que ver con los grupos económicos".
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El dictamen firmado por Jorge Bermúdez asegura que implementar esto en la comuna "se encontraría al margen del ordenamiento jurídico constitucional".
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La polémica se debe a que el terreno avaluado fiscalmente por cerca de $3 millones fue vendido al Serviu de Magallanes en $1.130 millones.
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Luis Boric vendió al Serviu un terreno avaluado fiscalmente en poco más de 3 millones en 1.130 millones de pesos.
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La ministra de Educación Adriana Delpiano remarcó que con la ley de inclusión, los establecimientos que reciban dineros del Estado no podrán retirar utilidades.
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