Los antecedentes aportados no constituyen elementos de convicción suficientes para acreditar que las empresas Colbún y puerto de Coronel hayan incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, señaló el tribunal de alzada.
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Los recurrentes acusan violencia injustificada por parte de la institución policial, tras el enfrentamiento ocurrido el 19 de julio en el sector de Rigüe Alto.
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La decisión responde a que el ministro Héctor Carreño habría manifestado su opinión en un juicio relacionado con la causa el año 2012, quedando por ello inhabilitado.
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Los cabrerinos apuestan por que no se acepte solo la declaración de la empresa, sino que se realice un estudio de impacto ambiental, que despeje toda duda ciudadana, sobre los potenciales efectos negativos sobre la salud y la vida cotidiana de esta comunidad.
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En su apelación, la firma subrayó que la mantención de la suspensión de sus dos unidades, aunque sea de manera temporal, es una medida extrema que debe ser reconsiderada. Además presentarán informes que concluyen que las cenizas emitidas por la Central son inocuas.
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Durante ese período, la compañía también realizará las adecuaciones necesarias para que la primera unidad del complejo ubicado en Coronel -que data de los años 60- cumpla con la norma de emisiones para centrales termoeléctricas.
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La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la solicitud de la firma Endesa Chile para que se levantara la orden de no innovar y se le permitiera volver a operar en su termoeléctrica ubicada en Coronel, y que fue sancionada por incumplimientos medioambientales.
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La cifra responde a la entrada en operación en este período de centrales menos eficientes -fundamentalmente a diésel- en reemplazo de esta unidad, que en marzo de 2013, por ejemplo, aportó el 5,5% de la generación del principal sistema eléctrico del país.
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Los procesados serían Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano.
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Y es que para el abogado Fernando Saenger, representante de la familia Matute Johns, "sería un perjuicio que otro ministro asumiera el caso, porque significa una inmensa cantidad de horas de trabajo para poder interiorizarse del asunto y la realización de diligencias por una persona que no conoce la causa complica mucho".
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