Desde la Superintendencia de Medio Ambiente se subrayó que ellos son los llamados a resolver estos tema, agregando que "la presente acción cautelar no es la vía idónea para resolverlo".
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De las tres turbinas que tiene esta central de US$ 671 millones, la primera de 135 MW ya está ejecutando pruebas con agua y a inicios de enero empezará a inyectar energía al Sistema Interconectado Central.
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Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala, optaron por mantener la orden de no innovar, por lo que la termoeléctrica sigue sin poder funcionar. La Superintendencia del Medio Ambiente debe informar en un plazo de 5 días, los antecedentes que tenga respecto de su funcionamiento.
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Tras las paralización la firma dio a conocer un comunicado en el que dijo que "la operación de la central no ha causado impactos al medio ambiente distintos a los previstos en la RCA vigente".
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El ministro de Minería dijo "tenemos que ir encontrando las soluciones en todos los desafíos, uno de ellos es la energía, la industria minera necesita duplicar en los próximos años, al igual que el país, el tema energético".
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Con esto se ve como la firma habría tomado esta medida de manera previa a la arremetida judicial que desembocó en la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de ordenar la paralización inmediata de la central termoeléctrica, debido que no cuenta con resolución de calificación ambiental.
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"Considerando que la “suspensión” del llenado ordenado por la Corte de Apelaciones alteró la planificación original del proyecto, en estos momentos la empresa se encuentra revisando la nueva secuencia del plan de llenado del embalse, por lo que aún no se ha definido una fecha para retomar el proceso", señaló la firma.
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La firma indicó que al contrario de lo expresado por los recurrentes, en orden a la inundación de un camino vecinal, ellos habilitaron una nueva ruta desde el sector Lo Nieve hacia el sector Los Notros y la Ruta Q-61-R, la cual está plenamente disponible para su uso público.
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La Corte de Concepción rechazó el recurso de protección interpuesto por estas siete familias, que habitan un terreno de 11 hectáreas en Coronel, que es reclamado como propiedad por la sociedad Playa Negra.
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La acción judicial había sido presentada por algueras y pescadores de la caleta Lo Rojas contra la termoeléctrica de Colbún, tras la varazón de langostinos y otros recursos hidrobiológicos ocurrida en mayo pasado en Coronel.
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