La estimación oficial de inversión para los 740 MW que considera en total esta iniciativa, que recibió luz vede del máximo tribunal en enero, era de US$ 1.400 millones, monto que fue declarado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
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Los involucrados Raúl Shali y Alejandro Tassara deberán pagar un millón de dólares por los perjuicios causados por ser parte en una serie de operaciones económicas destinadas a “disfrazar” el patrimonio del banco cuando entró en insolvencia económica, a comienzos de la década de los 80.
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Buscan denunciar irregularidades en el proceso de aprobación de un complejo con 305 departamentos y una laguna artificial de 50.000 metros cúbicos en un balneario que atraviesa una larga crisis hídrica y que además no cuenta con agua potable ni alcantarillado.
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La resolución considera que el actuar de la Isapre vulnera el derecho a la vida del paciente, a quien le denegó la entrega del fármaco, aduciendo que no cuenta con la aprobación del ISP, pese a que el Ministerio de Salud garantiza su entrega a los usuarios del sistema público.
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La parlamentaria PS destacó que “estamos conscientes de la necesidad energética de nuestro país, pero es necesario que la generación de energía sea compatible con el cuidado de nuestro medioambiente".
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El libelo, definido por la Tercera Sala del máximo Tribunal, plantea que la Ley de Bases del Medio Ambiente y su correcta ejecución garantizan el resguardo al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
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Mediante un fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema dio luz verde a Endesa y al proyecto Punta Alcalde en una zona declarada latente por contaminación, cuestión que decepciona a los vecinos y reconfigura el escenario de defensa. No descartar acudir a instancias jurídicas internacionales.
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Exigiendo el compromiso de un monitoreo medioambiental permanente por parte de Endesa, la Tercera Sala del Máximo Tribunal autorizó el funcionamiento de la central termoeléctrica ubicada en la Región de Atacama.
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La acción judicial había sido desestimada en dos oportunidades consecutivas con la unanimidad de los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones argumentando que ésta no era la instancia para resolver una petición de este tipo.
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El Tribunal Oral de Concepción condenó el 10 de diciembre pasado a tres años de pena remitida Ignacio Ortigoza, Felipe Parra y Ricardo Baeza, y a 800 días de cárcel con remisión condicional de la pena al ingeniero calculista René Petinelli.
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