El caso alcanzó repercusión internacional cuando efectivos del Ejército dieron muerte a seis personas en 1973, donde destacaba un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional y dos turistas argentinos.
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Concluye la resolución señalando que "los hechos que significaron la muerte del presidente Salvador Allende Gossens provienen de un acto deliberado en el que, voluntariamente éste se quita la vida y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio".
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"No va a ser este presidente quien minimice o cuestione las determinaciones de otros poderes del Estado, por cuanto con eso estamos afectando los cimientos de la misma democracia", agregó el juez Sergio Muñoz.
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El nuevo presidente es el más joven en el cargo en 100 años y en su carrera destacan casos emblemáticos como el del empresario Claudio Spiniak y el caso Riggs.
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El máximo tribunal del país confirmó la sentencia contra la Superintendencia de Salud que visó la desafiliación de la isapre del querellante, porque, supuestamente, no declaró la patología como enfermedad prexistente.
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Víctor Castro Iglesias (21), que cursa el tercer año de la carrera y profesa el adventismo, decidió llevar su situación a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que falló a su favor. Sin embargo, la Corte Suprema revocó dicho fallo.
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Los abogados del club social sostuvieron que la enajenación del recinto no se efectuó a través de una subasta pública o de un proceso de licitación, cuyas bases hubieran tenido que ser aprobadas por la junta de acreedores, sino que se efectuó por un proceso mixto de licitación y remate privado.
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Con esta decisión del máximo tribunal, la demanda realizada por el padre de la víctima, el abogado Juan Yuseff Durán, quien solicitaba $2.500 millones al Fisco, fue desestimada tras casi 9 años de litigio.
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La acción, presentada por pequeños comerciantes de San Pedro de la Paz, perseguía la responsabilidad del Estado al no ordenar que las FFAA se hicieran cargo del orden público tras el sismo de febrero de 2010.
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La sentencia del máximo tribunal sostiene que la vida de los pacientes sometidos a diálisis de la zona se encuentra en riesgo y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria debe tomar las medidas necesarias para continuar con los tratamientos.
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