La información fue confirmada por el director ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda, Fernando Sáez García, quien pidió el "mayor respeto y solemnidad posible" en el desarrollo de la investigación.
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Los expertos, del Departamento de Tanatología del Hospital Clínico de la citada universidad, deberán determinar si es necesaria la exhumación, dijo a los periodistas el juez Mario Carroza.
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La petición de procesamiento la hizo el abogado querellante Eduardo Contreras, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), quien anunció que recurrirá ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
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La Corte de Apelaciones confirmó la decisión del ministro Mario Carroza, estableciendo que el ex Presidente efectivamente se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, descartando seguir con las indagatorias.
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El ministro en visita Mario Carroza recibió en su despacho al fiscal federal argentino, Miguel Osorio, a cargo de las investigaciones en dicho país sobre la denominada "Operación Cóndor", que consistió en la coordinación de los aparatos represivos de los regímenes militares de los años 70 en Latinoamérica.
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La solicitud fue presentada el viernes recién pasado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y acusa a Matthei como presunto "autor mediato" de las torturas en contra del general Alberto Bachelet en 1974 cuando era interrogado en los subterráneos de la Academia de Guerra Aérea, donde figura en ese año Matthei como director.
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El juez Mario Carroza consideró "necesario" llamar al ex comandante en jefe de la Fach, luego de su entrevista al canal CNN Chile, donde admitió que sabía de las violaciones a los derechos humanos.
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Cabe recordar que el general Matthei reveló en una entrevista que "no tengo nada que ver con eso ni con el actuar de la dirección de la Academia de Guerra o con lo que hacía la Justicia de Aviación".
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"Aún nos quedan por interrogar algunos testigos y personas que fueron víctimas y una vez resuelto eso, tomamos la decisión", sostuvo el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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Según lo establecido por el ministro Mario Carroza, "existe una directa relación entre la muerte de la víctima y su último interrogatorio, (...) que le produce una descompensación de su patología cardíaca".
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