El 8° Juzgado de Garantía aceptó el requerimiento de la defensa de los dueños de Penta, la cual acusa a los persecutores de hacerlos declarar bajo engaños.
Redacción
La acción penal que presentó el diputado Hugo Gutiérrez fue declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía. Esto significa que esto quedará destinado a la Fiscalía Oriente, cuya Unidad de Delitos de Alta Complejidad es encabezada por el persecutor Carlos Gajardo.
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Los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo solicitaron además 6 años de prisión efectiva para los ex rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén.
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El requerimiento fue ingresado la semana pasada por los fiscales Carlos Gajardos y Pablo Norambuena. La senadora, por su parte, ha asegurado que “jamás” pidió recursos a empresas Penta para financiar su campaña.
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La decisión fue tomada por el nuevo jefe regional de la Zona Oriente, Manuel Guerra. Así, los antecedentes respecto del ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol quedarán en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad que dirige el persecutor que empezó a investigar el caso Penta.
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La entrevista del ex subdirector jurídico del SII dan luces de cómo la entidad ha ido cambiando su forma de actuar ante los delitos tributarios. Desde el Ministerio Público hacen un llamado para que estas causas puedan avanzar, para lo que se necesita que presenten querellas en contra de los involucrados. El despido de Cristián Vargas fue leído como una señal, al desvincular a una de las personas que impulsó las querellas que han tenido contra las cuerdas a la clase política.
Francisco Valenzuela
Ésta es la segunda ocasión que el tribunal de alzada capitalino revisaba la rebaja de las cautelares de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín junto a Pablo Wagner. Defensas celebran la decisión unánime de la Corte.
Francisco Valenzuela
El persecutor también fue citado junto a su par Pablo Norambuena, con quien inició las indagatorias del caso FUT, que dio paso al escándalo de financiamiento irregular de la política.
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Lo resuelto ayer por el juzgado de garantía pone en riesgo la persecución penal de diversos políticos que podrían estar involucrados en casos de financiamiento político irregular. Incluso, esto se suma a múltiples señales que ha entregado tanto la clase política como el Servicio de Impuestos Internos.
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Claudio Eguiluz estaba enfrentando esta audiencia en el marco del caso SQM, por eventuales delitos tributarios y apropiación indebida.
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