El fallo establece el actuar arbitrario de la institución de salud por poner fin a la cobertura del tratamiento sin tener una justificación médica, indicando que si bien la afectada "ha evolucionado en condiciones favorable, aún requiere de hospitalización domiciliaria".
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"Es una una campaña de intimidación contra todos aquellos parlamentarios que públicamente han planteado una posición contraria a la idea del matrimonio homosexual y la adopción homoparental, por lo que este recurso me parece una exageración", indicó Jacqueline van Rysselberghe.
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"Estas acciones de estos grupos, lo que buscan es amedrentar a quienes pensamos distinto. Creo que las minorías sexuales tienen todo el derecho a tener sus derechos civiles resguardados y el Poder Ejecutivo tiene que preocuparse de ellos, pero de allí a tener derecho por sí a adoptar niños, me parece que hay una distancia enorme", sentenció la ex alcaldesa.
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Según los patrocinantes de la acción judicial, informes de consultoras independientes concluyen que no existen problemas financieros que justifiquen el cierre de La Nación y el proceso de adjudicación a privados de los bienes e inmuebles del medio.
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La diligencia se llevará a cabo este jueves a partir de las 8:00 de la mañana para resolver el fondo del recurso en contra del proyecto energético interpuesto por organizaciones sociales y medioambientales, lideradas por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y que fue admitido el pasado 25 de octubre.
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En fallos unánime, los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada Patricio Villarroel, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga desestimaron la serie de acciones cautelares por considerar que no hubo actuar arbitrario e ilegal de los organismo recurridos.
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La directora del establecimiento llegó acompañada por 300 alumnas de 4º medio para presentar una nueva acción judicial contra la polémica iniciativa promovida por el Consejo de Rectores.
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"No hay argumentos para establecer un supuesto daño a la honra y dignidad de los profesionales médicos en vista de la Constitución de la República", planteó la corte.
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El abogado patrocinante de la acción judicial, Boris Paredes, explicó que la junta de accionistas fue ilegal, por lo cual "se está afectando la igualdad ante la ley y el derecho a propiedad que tienen los trabajadores que deriva de sus contratos de trabajo".
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El recurrente cuyo nombre sólo quiso que se conociera como "Cristián", estuvo trece años en la institución y tras acusar que fue hostigado decidió ir a entregar su uniforme hace dos semanas al Regimiento Tocopilla, de la Primera División de la rama castrense, en el norte del país.
UPI