"Sin una SISS empoderada y con más recursos para poder imponerse frente a las empresas, es posible que escenarios como el que pasó en Osorno vuelvan a repetirse".
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El proyecto contempla aumentar las sanciones a empresas cuando no cumplan con los servicios, ajustar multas y criterios de caducidad de las concesiones, entre otras materias.
Redacción EL DÍNAMO
“No sólo llama la atención por la rapidez en que obtuvo los créditos, sino que también porque esto ocurrió cuando él tenía un cargo de poder o de autoridad", señaló el diputado Andrés Celis.
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A esto se suma la priorización de proyectos en centros urbanos, dejando de lado a pequeñas localidades como Cabildo, la cual debe gestionar el agua potable a través del Estado.
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El proyecto contempla descontar a favor de la tarifa final del usuario el equivalente a una proporción de 50 por ciento de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicios no regulados. Actualmente estos servicios adicionales o extras corresponden, por ejemplo, a venta de aguas tratadas para fines agrícolas y mineros, y manejo de residuos industriales líquidos (Riles).
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Durante el último siglo, la población mundial ha crecido exponencialmente, aumentado con ello la saturación y congestión de las ciudades. Se dice que en el 2050 la población urbana representará el 70% del total mundial, con lo cual crecerá la presión sobre los recursos naturales y los servicios públicos tales como el saneamiento y la salud. Los sistemas de agua en las ciudades en todo el mundo enfrentan un futuro desafiante.
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Esto pese a que en el mismo período los clientes aumentaron un 54% llegando hasta casi los cinco millones de usuarios.
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El acuerdo fue dado a conocer este miércoles por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas y la Superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Magaly Espinosa.
EFE
Además, pidió iniciar una fiscalización en todo el sector sanitario para poder conocer el grado de respuesta de las empresas privadas en caso de emergencia.
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El Ministerio de Hacienda manifestó la disposición del Gobierno de evaluar las dos mociones presentadas por los senadores Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana (PPD).
UPI