El proyecto de ley sobre delitos medioambientales le quita atribuciones al CDE para ejercer la acción de reparación del daño ambiental, entregándoselas a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Redacción EL DÍNAMO
Los fiscalizadores contarán con el apoyo de los profesionales de la Oficina Regional de Valparaíso, así como también, del equipo central de la Superintendencia.
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Tras esto, la empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.
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El procedimiento sancionatorio apunta a la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos industriales líquidos (RILes) y a una serie de denuncias, respecto a incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias.
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El 30 de enero pasado, la Superintendencia del Medio Ambiente había ordenado medidas provisionales para los locales, que finalmente no fueron cumplidas.
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La SMA decidió aplicar estas medidas provisionales luego de recibir varias denuncias de la Municipalidad.
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La acción precautoria, y previa al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, busca proteger la salud de las personas de las comunidades contiguas al terreno.
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La empresa tiene 10 días hábiles como plazo para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) o 15 días hábiles para formular sus descargos.
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Los cargos formulados no están relacionados con los episodios de contaminación que afectó a Quintero y Puchuncaví a fines de agosto.
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La Sociedad Elaboradora de Aceitunas Aproacen Ltda fue sancionada por la mala utilización de residuos industriales líquidos.
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