Solange Huerta valoró el hecho que la Justicia, por segunda vez, validara los argumentos de la Fiscalía para constituir el cargo de delito culposo. Por su parte, los defensores de Rosende y Fernández dejaron entrever que apelarán a la decisión de Sallés.
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En 2011, la fiscal Huerta imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos el subsecretario del Interior Patricio Rosende y la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.
EFE
El ex subsecretario del Interior se refirió así a la presentación del abogado querellante Raúl Meza, quien solicitó al tribunal fijar una audiencia para formalizar a la ex mandataria. Su petición fue denegada.
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Durante esta jornada, la fiscal Solange Huerta reformalizará a estos 8 imputados por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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El abogado querellante en el caso Tsunami, Raúl Meza, busca la salida de Huerta, alegando que por su militancia PS en sus años universitarios podría tener "amistad" con ex funcionarios de Gobierno vinculados a la investigación.
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La petición, interpuesta ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, busca "incorporar nuevos antecedentes y complementar los hechos" por los que se formalizó a los 8 imputados en la causa.
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La fiscal había rechazado anteriormente el procedimiento, pero accedió a reunirse con la actual directora de ONU Mujeres, luego que la ex Presidenta solicitara la diligencia, la que se prolongó por dos horas.
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Las declaraciones las deberá entregar a la Fiscalía Metropolitana Occidente, luego que el Ministerio Público accediera a la solicitud de uno de los querellantes del caso tsunami respecto a la citación como testigo del en ese momento ministro del Interior.
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“En una escueta resolución, la Fiscal Huerta, sin invocar ningún fundamento jurídico para rechazar por octava vez la citación a declarar a Bachelet, solo se remite a un pronunciamiento anterior, de marzo del presente, en el cual, rechaza esta diligencia", dice un comunicado.
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Tras el rechazo a dicha diligencia, el abogado que presentó la solicitud, Raúl Meza, pedirá una audiencia el próximo lunes 22 de octubre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para debatir sobre las razones que ha tenido la persecutora para no citar ni formalizar cargos contra la ex mandataria.
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