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2 de Mayo de 2013

Senado aprueba proyecto de ley de Concesiones Eléctricas pero anuncia modificaciones

La Sala aprobó en general y por mayoría la iniciativa, en segundo trámite, no obstante, surgieron diversas observaciones que serán acogidas durante el debate en particular y se ligan con los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños propietarios agrícolas que podrían verse afectados por la nueva legislación.

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Por 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, la Sala del Senado aprobó esta martes la idea de legislar sobre el proyecto, en segundo trámite, relativo al procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, conocido como carretera eléctrica. Asimismo y por acuerdo de los Comités del Senado se fijó como plazo para realizar indicaciones a la iniciativa para el próximo 13 de mayo, a las 12:00 horas.

En la oportunidad, surgieron diversas observaciones a los procedimientos de consulta a los pueblos originarios, a los procesos de oposición a las servidumbres eléctricas y sobre las eventuales compensaciones que podrían recibir las comunidades afectadas; las cuales se transformarán en modificaciones al texto legal.

En ese sentido, el senador Antonio Horvath (RN), indicó que el ministro de Energía Jorge Bunster se comprometió con diversos senadores a avanzar sustancialmente en la incorporación de nuevas indicaciones al proyecto sobre concesiones eléctricas, así como a agilizar el proyecto de Ley 2020 que se encuentra en la Cámara de Diputados e impulsar un reglamento para la generación residencial.

Costos y tareas pendientes

Desde su rol de presidente de la Comisión de Minería y Energía, el senador Baldo Prokurica detalló el escenario energético que vive el país donde existen 4 subsistemas eléctricos y se registran fuertes variaciones en el precio del Megawatt de energía. De US$70 el mega en el sur a más de US$200 en el norte, donde están los mayores centros productivos mineros. Por ello, recalcó la necesidad de contar con este marco normativo que permite simplificar el proceso de concesión de proyectos de transmisión eléctrica.

En tanto, el senador Horvath llamó a analizar en forma más integral el sistema energético del país ya que la concentración y los precios responden también al actual marco normativo. Reiteró que el desarrollo de la matriz también pasa por la incorporación y desarrollo de las energías renovables no convencionales “que son tan competitivas como la hidroeléctrica y termoeléctrica, eso sin contar los daños que significan estas últimas”. Por eso llamó a acelerar el trámite del proyecto 2020 y el que incorpora la generación residencial o Net Metering, así como la interconexión y las redes inteligentes.

A su turno, el senador Carlos Cantero (Ind) planteó sus dudas por los procedimientos que contempla la iniciativa en lo que respecta a la consulta a los pueblos indígenas.

Su par, el senador Orpis (UDI)  mencionó que “en temas como éste tenemos que llegar a acuerdos “. Recordó que hay 9 mil megawatts que están paralizados en distintos proyectos y “eso también incide en el alza de las tarifas, por ello, en materia eléctrica se ha establecido este sistema concesional de carácter administrativo”. Asimismo llamó la atención sobre la importancia que las indicaciones que se presenten no entraben aún más dichos procedimientos.

Isabel Allende (PS) compartió algunos de los argumentos de sus pares en torno a la escasez y vulnerabilidad energética del sistema actual. No obstante, precisó que si bien este proyecto facilita los procedimientos concesionales vigentes, el Ejecutivo asumió algunos compromisos para perfeccionar la iniciativa, tales como, la aplicación del Convenio 160 de OIT, porque “las facilidades no pueden ser a costa de las comunidades o de las áreas silvestres protegidas”. Además indicó que no se pueden restringir las reclamaciones solo a aspectos formales.

A su turno Camilo Escalona (PS) expresó sus aprensiones porque “este proyecto solo profundizará las desigualdades ya que tiene un costo que no lo pagarán ni operadores ni generadoras ni distribuidoras sino los más pobres”. A su juicio “se establece un privilegio de los más ricos porque se establecen servidumbres de interés público en tierras de pequeños agricultores o pequeñas empresas turísticas”. Por ello, pidió abordar las compensaciones a las comunidades mediante el estudio de impuesto territorial.

Hosaín Sabag (DC) a su turno resaltó que” sin duda el desarrollo puede verse perjudicado si no tomamos las medidas adecuadas” y estimó necesario aprobar el proyecto sin perjuicio que en el debate en particular se corrijan los aspectos específicos. Destacó que el texto legal simplifica el proceso de concesión, mediante la adecuación de los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión y el perfeccionamiento del mecanismo de oposición y formulación de observaciones, de los sistemas de notificaciones, de tasación de inmuebles y de solución de conflictos, así como el establecimiento de un procedimiento judicial de carácter sumario para las reclamaciones.

El radical José Antonio Gómez justificó su voto en contra porque a su juicio “se requiere un debate y discusión en profundidad” y que el Ejecutivo cumpla su compromiso de incorporar indicaciones que reflejen las preocupaciones expresadas por los senadores en la Comisión. Mencionó que muchos de los argumentos en torno al aumento de los costos de la energía y la falta de competitividad de los proyectos tienen una solución a la mano, por ejemplo, la interconexión de los sistemas SING y SIC y el reforzamiento de las líneas de trasmisión sobre la base de los trazados ya existentes, de modo de evitar pasar por humedales o territorios de los pueblos originarios.

La DC Ximena Rincón criticó que “pese a que el Ejecutivo declaró la importancia de contar con una estrategia energética, el único proyecto concreto es el que tuvo su origen en una moción transversal de senadores que dispone la meta de incorporar un 20% de energías renovables en la matriz energética al 2020 y que paradójicamente se encuentra en la Cámara sin lograr avanzar”. Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no haya dado respuesta formal y oportuna a la propuesta de indicaciones que le presentaron frente a las concesiones eléctricas el 10 de abril.

Su correligionario Andrés Zaldívar se mostró a favor de legislar sobre esta iniciativa “sin perjuicio de corregir las disposiciones necesarias”. Dijo que “tengo el convencimiento que este es un tema fundamental para el país donde tiene que estar involucrada una política de Estado más que del gobierno de turno”.

“He sido un defensor de la construcción de centrales de paso en especial, en la VI Región”, señalóel socialista, Juan Pablo Letelier, y añadió que si bien “el tema energético es dramático tendremos que abordar este debate, pero siento que no lo estamos haciendo bien”. Se refirió así a las inquietudes surgidas por el trazado de los tendidos eléctricos, la falta de una adecuada zonificación en las regiones y la necesidad de resguardar los intereses de los propietarios afectados. Por estas razones solicitó a Ejecutivo impulsar un acuerdo que “restituya las confianzas en el sector”.

El UDI Gonzalo Uriarte reflexionó en el sentido que “así como el combate a la desigualdad y a la pobreza requiere de amplios acuerdos nacionales, en el tema energético también se necesitan porque “no hay experiencia mundial que demuestre que el desarrollo no vaya acompañado de una matriz energética”. Destacó la aprobación de esta iniciativa pues hay que contar con normas estables y un sistema regulador que dé certeza. Indicó que el texto legal no modifica el sistema regulatorio sino que soluciona algunos “ripios de procedimiento”.

La senadora Soledad Alvear (DC) si bien respaldó la idea de legislar de la iniciativa anunció una serie de perfeccionamientos en la línea de las inquietudes y observaciones manifestadas por sus pares. Explicó que en la actualidad los costos de la electricidad en Chile duplican a los países vecinos y llamó la atención sobre el riesgo que existe con la especulación inmobiliaria ya que “cuando se anuncia una concesión eléctrica no sólo se multiplica el precio de los predios asociados sino que también se solicitan concesiones mineras con fines especulativos”.

El senador RN José García Ruminot dijo que este proyecto es necesario y urgente porque “si no desarrollamos proyectos energéticos corremos el riesgo que el país quede a oscuras”. Manifestó que si bien la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT se contempla para las concesiones provisionales no queda claro entre los requisitos de las concesiones definitivas y, en ese punto coincidió en la necesidad de revisar dichos aspectos.

A su turno, el titular de Energía subrayó la necesidad de asumir el desafío que significa para el país el incorporar anualmente, entre 7 mil y 8 mil megawatts de generación de fuentes limpias seguras y económicas. “La energía es un insumo esencial, su disponibilidad y abastecimiento influyen en el crecimiento social y económico y, en consecuencia, de la pobreza”, dijo.

Durante el debate en general el ministro de Energía, se comprometió a avanzar sustancialmente en la incorporación de nuevas indicaciones al proyecto sobre concesiones eléctricas, así como a agilizar el proyecto de ley 2020 que se encuentra en la Cámara de Diputados e impulsar un reglamento para la generación residencial.

En este sentido Horvath destacó la importancia de este acuerdo, ya que permitirá un amplio análisis de las indicaciones y mejorar el proyecto en conjunto con los equipos técnicos de los senadores y un avance significativo además en las concesiones eléctricas.

“Este acuerdo nos permitirá avanzar más rápidamente y asegurar avanzar con las energías renovables no convencionales como las pequeñas medianas y centrales hidroeléctricas de pasada; eólicas; solares; de geotermia; biomasa y proyectos pilotos de energías mareomotriz”, puntualizó.

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