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Los detalles del respaldo de la Comisión Pascua Lama al proyecto que indigna a las comunidades

El texto, aprobado por 10 votos a favor y dos en contra de los diputados Robles (PRSD) y Schilling (PS), plantea no aplicar el Convenio 169 ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas a favor de la inversión privada. Comunidades ya pidieron que la sala lo impugne.

Tal como lo habían advertido las comunidades del Huasco, el informe final elaborado por la Comisión Investigadora de los Efectos del Proyecto Pascua Lama, no sólo no pide la revocación de los permisos ambientales sino que plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos.

Tras siete meses de trabajo, el texto que fue aprobado por 10 votos a favor y dos en contra de los diputados Alberto Robles (PRSD) y Marcelo Schilling (PS) indica que “la comisión considera que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental”, señala El Pulso.

No al convenio 169

Asimismo, el texto indica que de cara a este caso, no procede la aplicación de normas que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de Pascua Lama, como el Convenio 169.

“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, apunta el texto.

La comisión también concluyó que frente a los incumplimientos  y el proceso de tramitación completo se manifiestan debilidades normativas en distintos puntos, como la participación ciudadana, que a juicio de los diputados no opera como se debe y abre espacios para que las comunidades se manifiesten posterior luego de la aprobación con protestas o recursos judiciales.

Estas falencias deben ser abordadas para permitir que el principio preventivo de la ley ambiental pueda operar de manera eficiente, “evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”.

La instancia igualmente cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. Así el texto indica que “la comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera”.

Comunidades piden impugnación

Tras esto, el informe deberá se votado en la sala de la Cámara baja en marzo próximo. De ahí que las comunidades de la zona del Huasco, que incluyen a representantes de la comunidad Diaguita ya solicitaron a través de una carta a los diputados que las conclusiones sean impugnadas.

A su juicio los integrantes de la instancia “decidieron irresponsablemente seguir dándole chance a una de las empresas más corruptas del mundo a costa de las comunidades, quienes quedan a la deriva de más acciones contaminantes criminales”.

Además apuntaron irregularidades en la labor de la comisión, tales como el poco quórum e inasistencia constante de muchos de sus miembros,  ”lo que demuestra el bajo nivel de interés de quienes compusieron esta comisión en donde estaba en juego la vida de comunidades, personas y niños”, afirmaron.

Lamentamos sobremanera que recomendación final no haya sido la exigencia de la Revocación de la Calificación Ambiental a esta criminal empresa que es lo mínimo que se merece sobre todo al seguir constatando este verano nuevos impactos e incumplimientos que han llevado a las comunidades a poner una serie de denuncias en todos los organismos fiscalizadores temiendo la afectación de sus aguas. Lamentablemente se nos reafirma que bien poco valen estas instancias ya que al final son manchadas y dirigidas por lo grandes poderes económicos“, concluyeron en su misiva.

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