El Comité de Ministros resolvió en su última sesión dos proyectos mineros de la zona norte del país. Se trata del proyecto de Codelco “Quetena”, en la región de Antofagasta; y el de la Compañía Minera Paguanta S.A. denominado “Sondajes de Prospección Paguanta”, en la región de Tarapacá.
Con respecto a Quetena, el Comité de Ministros integrado por los titulares del Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, resolvió rechazar las reclamaciones ciudadanas.
Las demandas se basaban en la falta de antecedentes en la evaluación respecto de calidad del aire, ruido y vibraciones, efectos adversos en la calidad y cantidad del uso de recursos naturales renovables, alteración del patrimonio cultural y convenio 169 de la OIT sobre puebles indígenas.
Sin embargo, el Comité de Ministros consideró que estas materias ya estaban debidamente abordadas en la evaluación del proyecto, que fue calificado favorablemente en enero del 2013 por la Comisión de Evaluación de Antofagasta.
Sobre el incumplimiento del Convenio 169, no se identificó afectación directa a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas dentro del área de influencia del proyecto.
El proyecto minero Paguanta, en tanto, fue reclamado por el propio titular debido a la calificación desfavorable que recibió en marzo de 2014 por parte de la Comisión de Evaluación regional, que consideró que la consulta indígena fue parcial, por no contemplar en el proceso a todos los pueblos de la Quebrada de Tarapacá, a pesar de que el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) recomendaba aprobar el proyecto.
La instancia interministerial consideró al respecto que los fundamentos esgrimidos en la RCA para el rechazo fueron improcedentes por ser sólo una la comunidad afectada (Cultane) y que ya había sido consultada, razón por la que no se justifica un nuevo proceso de consulta indígena.
Además, considerando que el ICE recomendó aprobar el proyecto, los integrantes de la Comisión debían fundamentar su voto de rechazo, lo que en este caso no ocurrió, pues sus integrantes no dieron una explicación suficiente en torno a cuales eran las otras comunidades indígenas afectadas y en qué medida el proyecto las afectaba directamente
