En conversación con EL DÍNAMO, el ministro de Energía, Diego Pardow realizó un repaso a las principales contingencias del sector. Recientemente, viajó a Japón donde presentó el potencial de Chile en relación con la producción de Hidrógeno Verde. Asegura que plantear esto como un desarrollo futuro clave dependerá de la escala que le otorguen diferentes gobiernos.
Sobre la gestión, dice estar conforme: un proceso que implicó retomar el aumento de tarifas de la luz tras cinco años de congelamiento. Asegura que les tocó entregarle “pragmatismo” a la dinámica del sector.
¿Uno de los hitos del Gobierno? “Nos tocó implementar la mayor parte de los cierres de centrales termoeléctricas. Somos los que más megas de generación a carbón han desconectado y por lo tanto los que más emisiones redujeron”, destaca.
Sistema eléctrico, ¿al debe?
– La percepción ciudadana del sistema eléctrico es crítica. ¿Hace falta una reforma global?
– El sistema debe mejorar su calidad de servicio, más allá de la regulación. Al descongelar precios, el equilibrio no llega de inmediato. Por eso fue necesario un esfuerzo de estabilización, que nos tocó conducir.
– ¿Quién es responsable de las fallas?
– Tenemos una relación institucional permanente con el Coordinador, la SEC y el Ministerio. Pero hay un cuestionamiento al Coordinador Eléctrico Nacional por lo ocurrido en febrero.
– ¿Cómo avanza el proceso de sanciones?
– Primero era clave entregar claridad a la ciudadanía. Luego vino la investigación y ahora se abrieron cargos. Esta es solo la primera ola; vendrán más y se transformarán en sanciones.
– ¿No es un proceso demasiado largo?
– Se ha hablado del ejemplo de España, donde se apuró la reforma sin atribuir responsabilidades, y el decreto fue rechazado por el Congreso. Eso generó impunidad. Aquí lo importante es que las sanciones disuadan y fortalezcan la confianza ciudadana y política.
– ¿Cómo debería concluir el proceso sancionatorio?
– En términos de gravedad. los cargos podrían marcar un récord en multas. La Superintendencia comenzó por el origen de la falla y ya incluyó al Coordinador. Ahora investigará la extensión y duración, por lo que seguramente habrá nuevas formulaciones.
“Ordenamos la casa”
– ¿Qué evaluación hace de su gestión?
– Yo creo que vamos a entregar la casa ordenada, eso es lo primero
– Sin embargo, se instala la sensación de que el sistema es frágil y caro. ¿Existe opción de revertir esa percepción y corregir los baches de la industria?
– Hay varios factores que influyen. Si revisas los contratos de los clientes residenciales, todos están por debajo del promedio de la canasta actual. Por lo tanto, con el paso del tiempo el precio de los contratos debería tender a disminuir.
El problema es que no se percibe porque el congelamiento de precios se aplicó con un dólar a $650 y hoy la normalización ocurre con un dólar cercano a $1.000. Ahí faltó un cierto equilibrio macroeconómico.
Además, cuando debes absorber el shock del alza en los hidrocarburos tras la invasión de Ucrania y, al mismo tiempo, pagar intereses por operaciones de refinanciamiento, pierdes la capacidad de reducir precios.
Para que eso ocurra se necesita mantener las cuentas al día y un orden macroeconómico. Esa es la base; desde ahí se pueden hacer otras correcciones.
Rechazo al subsidio eléctrico
– ¿Cómo evalúan el proceso de entrega del subsidio eléctrico?
-La evaluación es positiva. El subsidio va en su tercera convocatoria, con cerca de 1.900.000 hogares nominados, lo que lo convierte en la segunda política social más masiva después de la PGU. Se implementó en tiempo récord y las familias han valorado mucho la medida. La idea era extenderlo, pero eso depende de nuevo financiamiento.
– ¿Cómo reciben el rechazo al proyecto de ley que buscaba extenderlo?
-La ejecución actual seguirá en pie. Quienes postularon en la última convocatoria tendrán claridad de resultados la próxima semana, recibirán el beneficio en octubre y nuevamente en enero-febrero. Sin embargo, hacia adelante, en un nuevo gobierno, no habrá más espacio a menos que el Congreso apruebe el proyecto en los términos planteados.
– ¿A cuántos beneficiarios adicionales alcanzaría la extensión?
-A unas 10 mil familias electrodependientes y alrededor de 2.500 asociaciones de agua potable rural, pero solo si se aprueba el proyecto de ley.
– ¿Qué evaluación hacen del trabajo político?
-El contexto es conocido: las finanzas públicas están estrechas y cualquier gasto nuevo requiere financiamiento. La autocrítica es que se instaló, de manera muy efectiva por parte del lobby de las empresas eléctricas, la idea de que bastaba con el IVA. Eso no es cierto.
– ¿Van a insistir con el proyecto?
-Sí, repondremos la posición del Ejecutivo en la Sala y la comisión mixta. La Cámara había aprobado una sobretasa de cinco dólares por tres años, mientras que nosotros propusimos tres dólares por dos años para viabilizar un acuerdo. Como no fue posible, habrá que reconsiderar el financiamiento y ver qué nueva propuesta presentar.
– ¿Creen que persuadirán a los parlamentarios?
-Hemos hecho tres rondas de indicaciones, reorganizando expectativas de gasto y financiamiento, pero el lobby eléctrico ha mantenido su postura: que no paguen ni las empresas ni el fisco.
– ¿No sería prudente exponer públicamente ese lobby?
-No queremos politizar ni convertir esto en una trinchera. Este proyecto, por los tiempos de tramitación, probablemente no se ejecute en este gobierno. Lo que buscamos es dejarle al siguiente un programa financiado y sostenible.
