La Contraloría General de la República (CGR) informó que se abstuvo de dar el visto bueno a los estados financieros de 73 organismos públicos. La decisión se sustenta en diversas observaciones, la instrucción de sumarios administrativos y, en algunos casos, el envío de antecedentes al Ministerio Público.
Las instituciones cuyas contabilidades no fueron visadas abarcan desde municipalidades hasta divisiones ministeriales y organismos de las Fuerzas Armadas. Precisamente este último ámbito concentra las observaciones de mayor magnitud.
El caso más relevante corresponde a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). La CGR congeló la aprobación de su estado de resultados del año 2023, por un monto total de $4.183 millones.
Entre las observaciones formuladas, el organismo fiscalizador señaló que Capredena no utiliza las cuentas de anticipos conforme a la finalidad para la cual fueron creadas y que, al 31 de diciembre de 2023, mantenía pagos no devengados presupuestariamente por $18.121.571.645, sin análisis que permita determinar las operaciones que les dieron origen. Por este motivo, la Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La revisión también detectó partidas de alto monto. Se constató que Capredena no lleva un control adecuado de los recursos pagados por diversas operaciones del Centro de Salud que debieran ser reintegrados por este, los que al cierre de 2023 ascendían a $5.222.053.817.
“Se constató que Capredena mantiene $13.763.611.366 en deudas pendientes de cobro, correspondientes al período entre 2019 y 2023, y otros $9.608.563.394 contraídos entre 1995 y 2018 que, atendido el tiempo transcurrido, podrían encontrarse prescritos. Además, respecto de estas obligaciones, la institución carece de detalles, respaldos y análisis de su composición”, señaló la CGR.
El segundo mayor volumen de observaciones corresponde a Fonasa, con un informe del año 2022 por $857 millones y la instrucción de un sumario administrativo por parte de la Contraloría, cuyos antecedentes son reservados.
En tercer lugar se encuentra el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), organismo que fue objeto de cuestionamientos durante campañas presidenciales. La CGR se abstuvo de visar $795 millones de su informe de resultados del año 2020. A continuación figura la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con $750 millones correspondientes al ejercicio 2023.
Inicio de sumarios
En varios de los 73 organismos observados, la Contraloría -encabezada por Dorothy Pérez- inició procedimientos sumarios. Entre ellos figuran Capredena, Fonasa, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Complejo Hospitalario San José, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Municipalidad de Taltal.
Del total de entidades cuestionadas, 23 corresponden a servicios municipales. El mayor monto en revisión se registra en la Municipalidad de Pudahuel, con $621 millones correspondientes al año 2022, mientras que el menor corresponde a la Municipalidad de María Elena, con $2,7 millones del año 2021.
