“Defender nuestros derechos no es defender privilegios; es defender el patrimonio legítimo de nuestros accionistas, la certeza jurídica con la que invertimos, el empleo de miles de trabajadores y la posibilidad de seguir produciendo alimentos de calidad para Chile y el mundo”. Las palabras son del gerente general de Pesquera Camanchaca, Ricardo García y hacen alusión a los perjuicios que la Ley 21.752, conocida como ley fraccionamiento pesquero, les habría ocasionado.
En resumen esta regulación, que entró en vigencia a mediados de 2025, ajustó la cuotas de captura del sector industrial y traspasó una serie de licencias de pesca al sector artesanal, aumentando su participación hasta el año 2040.
La compañía, controlada por la familia Fernández, demandó al Estado de Chile por perjuicios civiles que llegarían a US$ 100 millones y la defensa de la causa quedará en manos del próximo gobierno de José Antonio Kast.
La empresa informó que el pasado 31 de enero presentó una demanda porque esta ley “vulneró derechos patrimoniales adquiridos por la compañía y afectó gravemente la seguridad jurídica del sector”.
“El Estado ofreció reglas claras, por un plazo definido y renovable, y Camanchaca tomó decisiones profundas y costosas confiando en esa palabra empeñada en la ley. Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, añadió Ricardo García.
Historia de un desacuerdo
Originalmente la autoridad y algunas empresas, entre ellas Camanchaca, negociaron en el año 2013 la reducción de sus cuotas de pesca, a cambio de una estabilidad regulatoria. Pero la ley del gobierno de Boric modificó los acuerdos siete años antes de su vencimiento “reduciendo de forma inmediata y permanente la participación del sector industrial, sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad, y mermando desde ya las posibilidades de desarrollo futuro.”
La mayor afectación está en las cuotas de jurel. “Esta no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a derechos adquiridos y a un sistema que funcionó, recuperó recursos y permitió invertir con responsabilidad. En último término, es una cuestión de justicia: cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”, enfatizó García.
Lo que demandan
Camanchaca indicó que expuso estos argumentos durante la tramitación de la ley, sin ser considerada por el actual gobierno, razón por la cual esta acción judicial confirma la coherencia y fundamento de su posición.
Los cálculos de la empresa indican que en 2026 enfrenta una reducción aproximada de 33 mil toneladas de jurel. “Considerando este efecto y el de años venideros y sobre la base de un análisis económico-financiero riguroso, el perjuicio -y la indemnización solicitada- asciende a $90 mil millones”, añadieron. Esto equivale a poco más de US$ 100 millones.
