Ayer en el Diario Oficial se publicó el decreto que le da forma a un órgano clave para perseguir los delitos. Se trata de la creación del la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, el Fraude Tributario y Aduanero, el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado.
Se trata de un consejo integrada por las y los directores del Servicio de Impuestos Internos (SII), del Servicio Nacional de Aduanas y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), además del tesorero(a) general de la República (TGR) y que actuará como un asesor de Hacienda.
La mesa estará presidida por el director del SII, actualmente Javier Etcheverry. El consejo sustituirá las comisiones Fiscalizadora (creada en 1994 e integrada por el SII, Aduanas y la TGR) y de Lucha contra la Evasión y el Fraude Tributario y Aduanero (de 2002, constituida por el SII, Aduanas, TGR y un representante del Ministerio de Hacienda).
Dentro de los principales objetivos del nuevo organismo están, entre otras:
- Facilitar la coordinación del SII, Aduanas, TGR y la UAF en todas las materias relacionadas con el cumplimiento tributario de los contribuyentes.
- Coordinar a los organismos para disminuir la evasión fiscal, el contrabando, el fraude tributario y aduanero, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
- Proponer al ministro(a) de Hacienda la introducción de medidas adicionales o la modificación de la legislación vigente destinadas a disminuir la evasión fiscal, el contrabando, el fraude tributario y aduanero, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, en el ámbito de sus competencias.
- Tomar medidas, en el marco de sus competencias, para facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, con el objetivo de maximizar su cumplimiento.
El decreto publicado el miércoles 25 de junio destacó que la evasión y el fraude fiscal constituyen una de las formas más serias de competencia desleal, mientras que el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, además de cometer delitos tributarios, violan gravemente numerosas leyes que atentan contra la convivencia y seguridad del país.
