El presidente de la República lo ha reiterado en más de una ocasión: ampliar el acceso al secreto bancario es clave para el Gobierno. Esta idea forma parte del proyecto de Ley de Inteligencia Económica, que busca —entre otras cosas— fortalecer las herramientas para combatir el lavado de dinero.
El tema vuelve a tomar fuerza tras el reciente golpe policial que desbarató una red delictual ligada al Tren de Aragua. El operativo revivió la ofensiva del Ejecutivo por dotar al Estado de mayores facultades para acceder al secreto bancario, lo que nuevamente lo enfrenta con su principal detractor: la oposición.
La red de crimen organizado logró sacar de Chile, a través del sistema financiero formal, más de US$13,5 millones. Fondos que, según el Ministerio Público, serán “difíciles de recuperar”.
Cómo operaba el Tren de Aragua en el sistema financiero
¿Cómo operaban? El grupo tenía una estructura diseñada para burlar los controles del mercado: abrían cuentas corrientes o digitales, realizaban transferencias hacia plataformas que permiten la conversión de dinero en criptomonedas, y así lograban extraer los fondos del sistema financiero chileno. Posteriormente, el dinero era retirado en el extranjero.
La investigación logró congelar al menos 250 cuentas corrientes. Ante estos hallazgos, el Gobierno renovó su llamado a avanzar con urgencia en el proyecto que amplía las facultades para levantar el secreto bancario.
“El crimen organizado opera con un conocimiento acabado del sistema financiero formal: saben cómo abrir o cerrar cuentas y cómo constituir sociedades. Por eso es tan urgente avanzar en esta legislación, que permitiría acortar significativamente los tiempos para perseguir este tipo de delitos”, explicó a EL DÍNAMO el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el Ejecutivo insistirá en la indicación que otorga mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pese al rechazo de la derecha.
El punto de conflicto
El proyecto de Ley de Inteligencia Económica se encuentra en su segundo trámite constitucional. En la última votación, realizada en marzo en el Senado, se rechazó la posibilidad de que la Fiscalía y la UAF puedan acceder a información bancaria sin autorización judicial. La negativa en bloque provino de la bancada de derecha.
Los argumentos en boca del senador Juan Antonio Coloma (UDI) son que la apertura del secreto atentaría contra la privacidad de las personas y se convertiría en una pesquisa masiva, contando los tribunales con todas las herramientas para indagar.
En el Gobierno reconocen que el principal obstáculo para avanzar es precisamente este punto. La caída de la célula del Tren de Aragua ha reactivado el debate en el oficialismo, donde se reconoce que el secreto bancario podría transformarse en la piedra de tope para el avance de la iniciativa.
La investigación sobre esta red criminal reveló que los delincuentes conocen con detalle la ventana de tiempo que tienen los movimientos financieros antes de ser reportados como operaciones sospechosas a la UAF.
Fuentes al tanto de las pesquisas aseguran que estos grupos realizan procesos de due diligence muy sofisticados, mediante los cuales detectan las vulnerabilidades del sistema financiero de los países en los que operan.
“Claramente, es un tema que tienen que ver las instituciones financieras: cómo se controla mejor esta opción de tener la posibilidad en este país de abrir cinco cuentas sin mayores cuestionamientos. La investigación da para pensar qué podemos ir mejorando como país”, indicó Trinidad Steinert, fiscal Regional de Tarapacá.
En el caso de Chile, la dificultad para acceder al secreto bancario es una de esas debilidades que han sabido aprovechar.
