Cinco gendarmes fueron formalizados por cohecho y tráfico de drogas en el Juzgado de Garantía de Illapel, tras lo cual cuatro de ellos quedaron con prisión preventiva y el quinto con arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
Según informó la Fiscalía Regional de Coquimbo, la agrupación coordinaba el ingreso de drogas y teléfonos celulares al Centro de Detención Preventiva de Illapel.
En ese marco, la indagatoria que encabezaron el órgano persecutor y la Policía de Investigaciones, contempló el allanamiento de 21 viviendas en comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé, de acuerdo con lo precisado por T13.
“Quedaron acreditados por ahora la asociación criminal contra cinco sujetos, cuatro de ellos custodios y un civil; tráfico de drogas a dos mujeres, un hombre y cuatro custodios; y cohecho a cinco funcionarios”, detalló el Ministerio Público.
Cómo actuaban los gendarmes
La investigación a cargo de la Fiscalía y la policía civil permitió establecer que la organización funcionaba mediante una cadena de coordinación tanto afuera como adentro del recinto penal.
Así, el citado medio indicó que, en el exterior, operaban quienes conseguían las drogas, mientras que civiles intermediarios se encargaban de coordinar las entregas con funcionarios penitenciarios.
Una vez dentro de la cárcel, los gendarmes daban luz verde al ingreso clandestino de las drogas y los teléfonos celulares, los que luego eran distribuidos por internos de confianza entre la población penal.
Las indagatorias establecieron que uno de los imputados habría llegado a cobrar hasta $600 mil por las entregas, dependiendo del tipo y cantidad de droga o dispositivos electrónicos que ingresara al recinto penitenciario.
El Ministerio Público sostuvo que las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias y registros audiovisuales, a través de las cuales se logró documentar reuniones entre los involucrados y la entrega de paquetes que posteriormente eran ingresados al Centro de Detención Preventiva de Illapel.
El trabajo policial y de la Fiscalía Regional incluyó un análisis patrimonial de los funcionarios involucrados, lo que permitió establecer que algunos de los involucrados mantenían vehículos y propiedades que no serían consistentes con sus ingresos.
Los investigadores también indagaron la eventual utilización de familiares como testaferros para adquirir bienes con dinero proveniente de las actividades ilícitas.
“Entre las diligencias se revisaron parcelas, automóviles y movimientos financieros que ahora forman parte de la investigación por presunto lavado de activos“, detalló el citado medio.
Una vez que conoció la detención de los involucrados, Gendarmería confirmó la desvinculación inmediata de los funcionarios involucrados.
